La Ley de la Ciencia se aprueba con solo tres votos en contra

Raúl Romar García
r. romar REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

La norma, adaptada a la nueva realidad, sustituye a otra de hace 25 años

13 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Después de más de dos años de tramitación parlamentaria, la Ley de la Ciencia se convirtió ayer en una definitiva realidad tras el amplio respaldo obtenido ayer en el Congreso: 289 votos a favor y solo tres en contra, los de IU-ICV y UPyD.

«Hoy es un gran día para la ciencia española, espero que esto suponga un punto de inflexión en cuanto al rendimiento y calidad del sistema», aseguró ayer una eufórica ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, que ve cómo una nueva normativa, adaptada a la realidad actual y al fuerte empuje que la investigación española ha experimentado en los últimos años, sustituye por fin a la anquilosada legislación en vigor, que data de 1986.

La normativa aprobada ayer crea un nuevo ente financiador, la Agencia Estatal de Investigación; establece una carrera científica estable y predecible que, en teoría, permitirá incorporar a los investigadores al sistema; pone el acento en la innovación e incentiva la participación del sector privado en la financiación de la ciencia. «La nueva ley pretende conseguir más participación de la empresa privada en actividades de investigación, más trabajo estable para los jóvenes investigadores y más calidad en la ciencia española a través de una apuesta definitiva e irreversible por la investigación de excelencia», asegura el ministerio en un comunicado.

Esta euforia, compartida por destacados científicos, no es, sin embargo, unánime entre la comunidad investigadora, que si bien aprecia que la nueva norma supone un paso adelante, la considera aún insuficiente. Es el caso de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que asegura que la ley «sigue dejando la puerta abierta a que fundaciones y entidades privadas sigan perpetuando la figura del becario investigador». Afirman que el contrato que se establece para los predoctorales recoge «retribuciones muy inferiores a las de los contratos en prácticas» y que la estabilidad de los posdoctorales tampoco está garantizada. En un línea similar se pronuncia la Plataforma Investigación Digna, que incide en el hecho de que el nuevo contrato de acceso al sistema «no viene ligado a ningún tipo de garantía de que existan oportunidades de estabilización para los que superen las evaluaciones establecidas».

«Damos más posibilidades a una nueva generación de investigadores y emprendedores»

Cristina Garmendia

«Aún queda mucho trabajo por hacer a partir de la aprobación

de esta ley»

Gabriel Elorriaga