Pide «a cada familia que denuncie ante el juzgado territorial que le corresponda» dónde tuvo lugar el supuesto delito.
02 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Fiscalía General del Estado rechazó ayer abrir una investigación nacional sobre los bebés robados durante la dictadura franquista y hasta finales de los años ochenta. «La Fiscalía pide a cada familia que denuncie ante el juzgado territorial que le corresponda» dónde tuvo lugar el supuesto delito, dijo un portavoz de la Fiscalía.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó el jueves ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, una denuncia colectiva para pedir la apertura de una investigación sobre la suerte de 261 bebés probablemente robados.
La Fiscalía justifica su decisión en el hecho de que los presuntos responsables de estos robos no formaban una red delictiva, sino que operaban en varios puntos del territorio español.
Según Anadir, durante la dictadura y hasta finales de los años ochenta se produjo un tráfico de bebés robados a familias sin recursos y entregados o vendidos a personas que no lograban tener hijos.
Al principio los bebés eran robados «principalmente por razones políticas, a [mujeres] republicanas», en virtud de un decreto de 1940 que permitía al régimen franquista tener la guardia de los niños si su «educación moral» estaba en peligro, según Enrique Vila, abogado de las víctimas.
Después, la perversión del sistema cambió de dirección. «Médicos o clínicas privadas han visto la posibilidad de hacer negocio» y empezaron a vender a los bebés, añadió Vila.