Firman una enmienda conjunta que amplía las garantías judiciales en el proceso
25 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno y el PP llegaron ayer a un acuerdo para sacar adelante la ley Sinde en el Senado, que fue rechazada el pasado 21 de diciembre en el Congreso por falta de apoyos. Cuatro horas antes de que finalizara el plazo para presentar enmiendas en la Cámara baja a la Ley de Economía Sostenible, en la que está incluida, los dos principales partidos y CiU pactaron más garantías judiciales en el proceso de cierre de páginas web que permiten descargarse contenidos protegidos con derechos de autor.
Tras varias jornadas de conversaciones al más alto nivel entre socialistas y populares, ambas formaciones llegaron a un acuerdo en la tarde de ayer tras reunirse en el Ministerio de Cultura. Y además de superar sus diferencias en el asunto de las garantías judiciales, también pactaron la modificación de la normativa sobre el canon digital, para adaptarla a la sentencia del Tribunal Europeo.
El texto pactado introduce mayores garantías judiciales desde el comienzo del proceso que puede terminar con el cierre de webs. Así, antes de que la Comisión de Propiedad Intelectual inicie cualquier procedimiento contra las descargas no autorizadas, tendrá que contar con una autorización judicial, que permitirá recabar los datos de quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene y qué beneficios consigue, entre otras cuestiones.
Según la enmienda aprobada, el procedimiento se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados. La Comisión primero mediará para intentar llegar a un acuerdo con la web acusada. Y antes de proceder a la adopción de medidas, deberá requerir a la página la retirada voluntaria de los contenidos ilegales. Si acepta y los retira, el proceso llegará a su fin. En caso contrario, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura solicitará a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, mediante la documentación que atestigüe la acusación, que se ejecute su decisión.
En el plazo improrrogable de dos días, el Juzgado convocará a la Administración, al Ministerio Fiscal y a los propietarios de las webs para escuchar sus argumentos. Y antes de las 48 horas posteriores, el juez deberá resolver con un auto.
El acuerdo pone fin a más de un año de tramitación de esta ley. A partir de este momento, la enmienda conjunta llegará a la Comisión de Economía del Senado y después lo hará al pleno, previsiblemente en febrero. Posteriormente, volverá al Congreso, para poner fin a su aprobación.
Además, el acuerdo incluye un compromiso por parte del Ejecutivo de reformar en el plazo de tres meses la normativa sobre la compensación por copia privada, conocido como canon digital, para adecuarlo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pedía que su aplicación no fuese indiscriminada y no afectara a las personas jurídicas y a las Administraciones.
«Lo conseguimos... Hay acuerdo sobre la ley de descargas. Finalmente, un poco de justicia»
Alejandro Sanz
«Para privar a alguien de esos derechos tiene que hacerlo un juez, lo acepta el Gobierno»
Mariano Rajoy
«El PP ha enfangado una cosa de por sí enfangada»
Álex de la Iglesia
«Es un compadreo.No responde a intereses concretos, ni de creadores ni de internautas»
Víctor Domingo
«Se ha arreglado el error del Congreso, pero se ha aprobado un procedimiento que es más lento»
Antonio Guisasola