En Galicia ya hay 5.000 personas del nuevo grado que se integrará en la ley el 1 de enero con derecho a cobrar. Los pacientes podrán optar a un servicio de teleasistencia, ayuda en el hogar, o centro de día o de noche.
23 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Consejo Interterritorial de la Dependencia se reunió ayer para decidir cuánto va a pagar el Estado a las autonomías por la incorporación, a partir del próximo 1 de enero, de los dependientes de grado 1 nivel 2. La cuantía, que se aceptó por unanimidad, es de 60 euros al mes por cada persona, y en el caso de Galicia ya hay unas 5.000 con el derecho reconocido en años anteriores, que hasta ahora no han podido disfrutar de ninguna atención porque la ley no los integraba.
Aunque el catálogo de servicios que podrá recibir el nuevo dependiente aún no está aprobado, el Gobierno ya presentó un borrador del decreto que, dice, se tramitará en breve. Según esta previsión, los nuevos dependientes podrán optar, según sus circunstancias, a un servicio de teleasistencia para recibir ayuda si la necesitan; a una persona que les ayude en el hogar (no para limpiar, sino para lavarse o hacer la comida, por ejemplo); e incluso en algunos casos podrán tener plaza en un centro de día o de noche.
Para pagar un servicio privado, el dependiente podrá recibir hasta 300 euros al mes, y si tiene un cuidador de su entorno más próximo, este recibirá 180 euros como máximo. Lo sorprendente es que el Estado ofrezca un catálogo tan variado de servicios cuando el importe que contempla es de 60 euros por su parte y otros 60 desde la autonomía correspondiente. Así, en caso de que al dependiente le convenga recibir un servicio caro, que esté subvencionado, el Estado aportará 60 euros a su caso, y la comunidad autónoma, hasta 240.
A pesar de las incongruencias, la propuesta del ministerio fue aprobada por unanimidad, claro que antes la ministra Leire Pajín, que se estrenaba en este consejo, aceptó la petición de los consejeros autonómicos de evaluar la ley y su financiación.
Pajín recalcó tras la reunión que «el Gobierno y las comunidades autónomas están cumpliendo con el desarrollo de la ley y con su compromiso de atención a las personas en situación de dependencia». Según recogió la agencia Efe, la ministra añadió: «A pesar de las dificultades, quiero lanzar el mensaje a los ciudadanos que son susceptibles de este derecho de que vamos a seguir adelante y que por tanto no renunciamos a la ley».
En la reunión también se trataron otros temas, como un futuro decreto para recoger e impulsar las llamadas «buenas prácticas», es decir, programas que van desarrollando las autonomías y que se caracterizan por sus ventajas e innovación, convirtiéndolas en referencia para el resto. La agenda de la próxima reunión incluye además el estudio de otros apartados de la ley, como la promoción de la autonomía personal, la atención a niños con discapacidad o la coordinación sociosanitaria.