La Xunta reconoce que no atiende a un tercio de los casos de dependencia

Noe Silvosa / S. Carreira A CORUÑA/LA VOZ.

SOCIEDAD

Traballo apunta que en quince meses se ayudó a un 60% más de personas que en los dos años anteriores

19 ago 2010 . Actualizado a las 09:57 h.

Tres años y medio después de la entrada en vigor de la ley de dependencia, la Xunta reconoce que todavía un tercio de los solicitantes no están siendo atendidos. El motivo es doble: por una parte, las dificultades económicas que conlleva una ley como esta, máxime en estas circunstancias; pero también la avalancha de peticiones. «Recibimos más de mil solicitudes al mes. Hemos acortado el proceso y aumentado el número de personas atendidas», recalcan desde Traballo.

No es lo mismo que piensa el PSdeG, cuya viceportavoz, Beatriz Sestayo, dice que el hecho de que la Xunta esté incumpliendo las ayudas sociales solo se puede explicar como un «boicot» al Gobierno socialista, sumándose al «famoso triángulo Valencia, Madrid y Galicia» contra el Gobierno central.

Ante estas críticas, la Xunta apunta que en abril del 2009 había 14.000 personas que recibían ayuda -en forma de dinero o servicios- al amparo de la ley, y quince meses después son 36.000 los dependientes gallegos que se incluyen en la norma. «El trabajo que se ha hecho es muy grande, aunque queda mucho por hacer», señalan desde la Administración autonómica.

Menos libranza de cuidador

Para la Consellería de Traballo, las cosas no cambian solo en cantidad. Hasta hace un año, la práctica totalidad de las ayudas eran en forma de sueldo para un familiar, solución que va en contra del espíritu de la ley, que apuesta por el apoyo profesional en el entorno del paciente, como puede ser la ayuda en el hogar o los centros de día. En la Xunta se ha ido diversificando la oferta de servicios y ahora reciben una ayuda económica para que la familia cuide del dependiente el 60% de los solicitantes; un 16% tienen ayuda en el hogar; un 4% optan por centros de día, y en residencia están el 20% restante -un 16% en centros públicos y un 4% en empresas privadas con una subvención de la Xunta-.

Esta última modalidad es de las más novedosas. Se trata de que la Xunta da un cheque -que puede llegar a los 800 euros- para el pago de una residencia privada. Esta opción «empezó a concederse más hace un año, antes era muy escasa» y por tanto hay una lista de espera mayor. La ventaja con respecto a la residencia pública -en la que solo le cobran al dependiente el 75% de su pensión- es la posibilidad de vivir cerca de la casa de sus familiares; la desventaja, es que dependiendo de la residencia la familia tiene que pagar unos 400 o 500 euros más.

Privatización

Para los sindicatos Comisións Obreiras y CIG, lo que hace la Xunta es privatizar el servicio. De hecho, ayer mismo denunciaron que se deja en manos privadas el diseño y la tramitación de la dependencia. CC.?OO. dice que «a empresa de servizo Indra se levará [de la Xunta] 300 expedientes para comezar a traballar sobre eles». La CIG, por su parte, denunció ayer ante la Agencia de Protección de Datos la cesión por parte de la Xunta de expedientes de la dependencia «sen o consentimento dos interesados e sen que nas solicitudes conste de ningunha maneira que van ser cedidos».

La respuesta de Traballo no se ha hecho esperar: «A Xunta garante a protección de datos na tramitación da lei de dependencia». Y recuerda que «cumpre estritamente con esa normativa», por lo que «rechaza rotundamente as acusacións sobre a cesión de expedientes de dependencia a unha empresa privada».

Nuevo baremo

Finalmente, otro de los asuntos que han generado protestas es el nuevo baremo para conceder las ayudas. La Xunta asegura que el sistema establece durante la primera fase el procedimiento por orden de entrada. Ahora bien, una vez determinado el grado y nivel del dependiente, se priorizan los casos de mayor urgencia: «Non é xusto que unha persoa reciba a prestación antes que outra que está moi grave simplemente porque a presentou antes».