La Xunta encarga a una empresa el diseño de la política de dependencia

La consultora Pricewaterhouse cobrará 170.520 euros por definir los nuevos servicios y planificar su aplicación


santiago/ la voz.

La Consellería de Traballo e Benestar acaba de encargarle a la consultora PricewaterhouseCoopers la contratación de un informe para que defina la nueva cartera de servicios de atención a los dependientes. El estudio le costará a las arcas públicas 170.520 euros -casi 30 millones de las antiguas pesetas-, tal y como consta en el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicado el pasado 15 de julio. A finales de junio, la directora xeral de Dependencia y Autonomía Persoal, Coro Piñeiro, remitió a funcionarios de su departamento una carta en la que les explicaba el sentido del informe y en la que les solicitaba que colaboren con la consultora para la elaboración del estudio.

Del primer párrafo de la misiva se desprende que la Xunta ha delegado en una empresa privada el diseño de su estrategia en esta materia. En el encabezamiento de la carta no solo se aclara que la consultora definirá la nueva cartera de servicios en dependencia, sino también las exigencias para su prestación y la planificación de su puesta en marcha. Coro Piñeiro, la directora xeral, añade que con este trabajo se «pretende analizar a situación actual da oferta e demanda de servizos sociais, a fin de incorporar á nosa carteira todos aqueles que, demandados pola poboación dependente, se definan como necesarios para dar resposta as súas necesidades».

La responsable de Benestar precisa en la carta que este informe supondrá la puesta en marcha de una futura revisión normativa. «Para o seu desenvolvemento precisa da participación activa de demandantes e usuarios dos servizos sociais e dos profesionais do sector; neste senso, dende esta dirección solicítase a súa colaboración coa consultora que, en breve, se porá en contacto con vostede a fin de acadar unha información que consideramos de gran valor para os resultados deste proxecto», concluye Coro Piñeiro la misiva. La carta ha generado un profundo malestar en el sector funcionario, que ve en este encargo a la consultora la externalización de un servicio que podría asumir directamente la consellería y un gasto prescindible en un tiempo en el que se predica la austeridad. Interrogada al respecto, la Xunta ofrece una versión diferente. Traballo e Benestar aclara que los presupuestos públicos reservan partidas para este tipo de informes técnicos, unos estudios que destacan por su complejidad en el trabajo de campo y que requieren una especialización que excede el ámbito laboral de los funcionarios.

«Si una investigación de estas características recayese sobre el personal de la Administración afectaría a su trabajo diario y tendría consecuencias sobre los usuarios», precisan desde el departamento que lidera Beatriz Mato. Los sindicatos, en cambio, ven en esta adjudicación un ejemplo más de la estrategia privatizadora impulsada por el PP en la Xunta en la gestión de los servicios sociales. Crítica que desde el Gobierno gallego se ve desmesurada porque la titularidad de la prestación permanece en manos públicas, tal y como ha ocurrido en los nuevos centros de día, donde se ha privatizado el personal. La limpieza y la alimentación ya lo estaban con el bipartito.

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