Zapatero y tres ministros defienden la constitucionalidad de la norma que entró ayer en vigor
06 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.«No hay razones para acatar la ley del aborto que entra hoy [por ayer] en vigor, puesto que la norma no está en su punto final». Son palabras del presidente popular del Murcia, Ramón Luis Valcárcel, tras finalizar la Junta Directiva Nacional del PP, quien añadió que esta es la posición que maneja su Gobierno ante la aplicación de esta nueva normativa. «Seguiremos buscando vías jurídicas en contra de esta ley, y cuando el Constitucional resuelva todo, veremos lo que se hace», manifestó este barón autonómico popular.
Este ataque a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor cuatro meses después de su aprobación por el Parlamento, tuvo contestación por una significativa parte del Gobierno de la nación, empezando por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y siguiendo por tres de sus ministros, el de Justicia, Francisco Caamaño; la de Igualdad, Bibiana Aído, y la de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Rodríguez Zapatero aseguró que los recursos presentados contra la ley no crean «ninguna inseguridad jurídica» y mostró su convencimiento de que es una norma constitucional. Insistió en que es una ley «de prevención», porque está destinada a evitar embarazos no deseados, y «de seguridad», porque da más garantías a mujeres y profesionales.
El titular de Justicia afirmó ayer que «esta ley homologa a España con otros muchos países en esta materia». Y añadió: «Es plenamente constitucional y trae seguridad y derechos donde antes no los había». Algo parecido manifestó la ministra de Igualdad, quien resaltó que es «una ley que ofrece más garantías jurídicas, tanto a mujeres como a profesionales, está más ajustada a la realidad de la sociedad española y respeta la confidencialidad de los datos».
También la ministra de Sanidad defendió la nueva norma desde Bruselas por las críticas que ha recibido desde las asociaciones médicas: «No está previsto revisar la objeción de conciencia con carácter general por esta ley. Desde este punto de vista no cambia nada. Aquel médico que quiera acogerse a este derecho, tiene la posibilidad».
Varios gobiernos autonómicos en manos de los conservadores mostraron su oposición a la norma que entró ayer en vigor. Además del murciano, el valenciano, en manos del PP, y el de Navarra, dirigido por UPN, señalaron que el Constitucional debería dejar en suspenso esta norma mientras toma una decisión sobre su posible inconstitucionalidad.
Además, mientras que el Ejecutivo de Navarra reiteró que pagará el aborto de las ciudadanas de su comunidad que lo soliciten pero deberán ir a otra para llevarlo a cabo, el de Valencia insistió en que se ha demostrado que existen «muchas formas de apoyar a las mujeres gestantes para proteger la vida, frente a la protección de la no vida, que es lo que hace esta nueva ley».
Por su parte, varias asociaciones presentaron ayer un recurso colectivo de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley del aborto, por su concepción de ley de plazos, y porque solo va en beneficio de las clínicas que practican abortos.