Un científico podrá estabilizarse cinco años antes que hasta ahora

SOCIEDAD

La nueva ley pasa el primer trámite sin apenas cambios sobre lo previsto

13 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

El Gobierno dio ayer luz verde al anteproyecto de la Ley de la Ciencia, que reformará la actual legislación, que data de hace 23 años. Queda ahora abierto un nuevo período de consultas en el que probablemente se introduzcan modificaciones antes de volver a pasar por el Consejo de Ministros para que le dé el visto bueno definitivo, el paso previo para que la norma inicie su recorrido parlamentario. Aunque tampoco se dio a conocer si se habían introducido cambios a raíz de las sugerencias aportadas en las últimas semanas por científicos, sindicatos y comunidades, los objetivos, en principio, se mantienen: retener el talento de los investigadores españoles, atraer a otros del extranjero, propiciar que los científicos dediquen más tiempo a la investigación y menos a la burocracia y fomentar la conexión con el mundo empresarial para avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento. Faltan por definir, sin embargo, muchos aspectos que den cuerpo a esta filosofía general, lo que ha sido criticado tanto por la Confederación de Sociedades Científicas de España como por las asociaciones de jóvenes científicos.

Una de las grandes bazas de la ley es el diseño de una carrera científica «basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer el talento científico». Para lograrlo, se ofrecerá un contrato temporal desde la fase formativa previa al doctorado (se cambian las becas por contratos con todos los derechos ya desde el primer momento) y se crea un procedimiento de acceso al empleo público «para ofrecer más estabilidad a la carrera de los investigadores». En teoría, un joven que inicie la tesis podrá acceder en en el mejor de los casos en nueve años a una estabilidad profesional (cuatro años para la tesis y cinco para el posdoctorado) si cumple con todos los requisitos. Este aspecto fue destacado ayer por la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, quien explicó que si en la actualidad un investigador logra la estabilidad a los 39 años, de media, en el futuro podrá hacerlo a los 34.

La ley, sin embargo, aún no concreta qué méritos deberán reunir los candidatos para acceder a los contratos ni el contenido de las pruebas a las que serán sometidos para lograr un puesto fijo, que en última instancia seguirá dependiendo de los centros receptores (universidades, hospitales u organismos públicos de investigación».

Oposición sindical y científica

Este aspecto fue criticado ayer en un comunicado conjunto por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, quienes subrayan que, «en los términos actuales», la ley «no puede tener nuestro apoyo». Su principal preocupación se centra en el nuevo contrato para investigadores, calificado de indefinido, pero que «puede ser resuelto a los tres o cinco años, añadiendo nuevas causas de despido a las existentes». El tema no está cerrado.

Otro de los retos de la ley plantea la necesidad de un sistema de I+D «más eficiente y eficaz», para lo que se creará la Agencia Española de Investigación, que, según el Gobierno, «realizará una gestión más ágil, flexible, estable y eficiente», pero tampoco se ofrece mayor concreción. Esta indefinición fue criticada ayer de nuevo por el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, Joan Guinovart. «La lucha por la calidad que dicen defender -explica- no se refleja más que en declaraciones generalistas, pero en el articulado no se dice cómo se va a hacer. El articulado no es capaz de responder a lo que dicen pretender».