El Gobierno impulsa un anteproyecto de ley para retener y atraer el talento científico. Entre las novedades destaca el establecimiento de un contrato temporal con derecho al paro y a la baja por maternidad.
13 mar 2010 . Actualizado a las 00:12 h.El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Ciencia para tratar de retener el talento de los investigadores y atraer cerebros extranjeros y para intentar además que los científicos vuelquen sus esfuerzos en la investigación y reduzcan la burocracia y el papeleo.
Destaca entre las novedades de la ley la eliminación del sistema de becas del sistema público de investigación y el establecimiento de un contrato temporal con todos los derechos, incluidos el derecho al paro y a la baja por maternidad.
«Donde antes había becas, ahora hay contratos», ha dicho la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al anteproyecto.
Garmendia se ha mostrado convencida de que la futura ley será, junto con la Ley de Economía Sostenible, una de las «claves» para construir un nuevo modelo productivo, más sostenible y estable a largo plazo.
La titular de Ciencia ha subrayado el «marcado carácter reformista» (modificará un total de once leyes), y ha destacado que la nueva norma pretende consolidar a España entre los países con mayor producción científica del mundo (en la actualidad ocupa el noveno lugar) y mejorar su capacidad para transformar ese conocimiento en innovación.
Cristina Garmendia se ha referido a los cambios que se han producido en España durante los últimos quince años, desde que se aprobó la actual Ley de Ciencia, y a la necesidad de actualizar el marco normativo.
Ha citado en ese sentido la consolidación de sistemas autonómicos de I+D+i, la multiplicación del número de investigadores, el crecimiento de los recursos que se dedican a la investigación y la integración en el espacio europeo.
Entre las novedades de la nueva ley destacan las referidas a la definición de la «carrera científica», que pretende ser más estable, basada en méritos y suficientemente atractiva para atraer y retener el talento.
Para atraer «cerebros» extranjeros, el texto prevé la creación del «contrato especial de investigadores distinguidos».
La nueva ley prevé también la creación de un sistema de gestión de la investigación por parte de la Administración General del Estado «más flexible y menos burocrático» y para ello se acelerarán los tiempos de resolución de convocatorias y se simplificarán los criterios de evaluación.
La Ley de Ciencia apuesta por una transformación «profunda» del modelo de gestión en todo lo que se refiere a las competencias de la Administración central y plantea para ello la creación de una Agencia Estatal de Investigación.
El nuevo texto planea también incentivar fiscalmente el mecenazgo en materia de investigación, medidas para propiciar la movilidad de investigadores entre el sector público y las empresas, incorpora medidas para propiciar la igualdad de género y prevé crear un comité que velará por la dimensión ética de las investigaciones.
Tras conocer el contenido, los sindicatos CCOO y UGT han expresado su oposición a la creación de un nuevo contrato para investigadores calificado de carácter indefinido pero que puede ser resuelto a los tres o cinco años, añadiendo nuevas causas de despido a las existentes.
Los sindicatos han asegurado que el texto no contaría, tal y como está redactado, con su apoyo, pero han constatado su confianza en que durante la negociación que comienza ahora se introduzcan mejoras que propicien un cambio en su rechazo.
Para la Confederación de Sociedades Científicas de España, el anteproyecto peca de «conservadurismo» y «no aporta soluciones a los verdaderos problemas» de la ciencia española, por lo que han pedido cambios en la tramitación de la ley para dotar a la norma de «más ambición de futuro».
También ha criticado el texto la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), que ha denunciado hoy el «desequilibrio» a favor del sector público.
En declaraciones a EFE, su presidente, Jesús Banegas, se ha mostrado preocupado también por la «desatención» que, a su juicio, se presta a la aplicación práctica de los resultados de la investigación para crear riqueza y empleo.