La oposición de las comunidades de los municipios que pidieron su instalación podría frustrar la candidatura
26 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha rectificado. Si hace unos días se mostraba dispuesto a dejar a los alcaldes la decisión de presentar candidatura al almacén centralizado de residuos nucleares (ATC) que proyecta construir el Gobierno central, ayer expresó su firme rechazo a que el depósito se instale en Ascó (Tarragona). «Yo no quiero un almacén nuclear en Ascó», dijo ayer rotundamente en una entrevista en Antena 3. «¿Dónde se puede ubicar? Donde pueda haber -añadió- un cierto consenso social y territorial. Esto no se da en Cataluña en estos momentos».
Montilla, que sí admitió que «España necesita un ATC», se vio obligado a actuar ante el cisma que se había creado en el tripartito, ya que sus socios de ERC e Iniciativa per Catalunya (ICV) habían expresado su rechazo al almacén nuclear y pedido al presidente que adoptase la misma postura. Un rechazo que también mantiene CiU, pese a que Ascó está gobernado por un alcalde convergente con el apoyo del PSC. El secretario general de ICV celebró el nuevo posicionamiento de Montilla, aunque le pedirá que tras «este cambio cualitativo» acepte un pronunciamiento conjunto del Parlamento catalán en contra de la infraestructura. En términos parecidos se pronunció ERC, quien reclamó al presidente que pase «de las palabras a los hechos». En sus argumentos para rechazar el almacén radiactivo, Montilla recordó que el 40% de la electricidad de origen nuclear se genera en Cataluña, por lo que ahora se trata de que otras comunidades ofrezcan su solidaridad. «Conviene también -dijo- que otros territorios que no tienen instalaciones de estas características los puedan tener por eso de la cohesión y de la solidaridad de la que tanto se habla».
La posición de Montilla, sin embargo, no cierra la polémica. El Ayuntamiento de Ascó, si así lo decide hoy en pleno, al igual que el de Yebra, que lo aprobó la pasada semana, tienen autonomía suficiente como para adoptar la decisión aun sin el permiso de los Gobiernos autónomos. Y así lo recordó ayer la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. «Estamos hablando de una decisión que tienen que adoptar los ayuntamientos, son competencias municipales y debemos respetar desde el Gobierno de España las decisiones que tome un ayuntamiento, dos o los que decidan que un ATC vaya para allí», dijo.
Oír a las comunidades
Pero ni la polémica social ni, sobre todo, la política se detienen ante la instalación del depósito de residuos nucleares. La confrontación llegó ayer al seno de la ejecutiva federal del PSOE, donde el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, garantizó que hará «todo lo que sea necesario», tanto desde el punto de vista político como social, para impedir que se instale en Yebra (Guadalajara) el almacén radiactivo.
La sede de la ubicación centró la reunión, en la que tanto Barreda como el portavoz del PSC, Miquel Iceta, explicaron las posturas de sus comunidades en contra de la instalación.
Frente a estas preocupaciones, la dirección socialista aseguró que se tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas a la hora de decidir la ubicación del cementerio nuclear, así como el grado de consenso entre la población. Pero si esto es así, el almacén nuclear se quedaría muy probablemente sin candidatos.