La Conferencia Episcopal plantea que el aborto sea considerado un delito

Martínez Camino no entiende «que quitar la vida de un ser humano inocente no pueda ser un delito»; el Gobierno le recuerda que el Código Penal se tipifica en el Parlamento y no en un órgano religioso.


Los obispos no cejan en su empeño de de continuar, aún con más dureza, su ofensiva contra la nueva ley del aborto. El portavoz e la Conferencia Episcopal el obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino, defendió que la interrupción voluntaria del embarazo no sólo es un «pecado gravísimo» sino que debería ser considerado un 'delito' que lesiona la moral y «el mandamiento de no matarás». «¿Puede alguna legislación civilizada -preguntó- considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?».

El interrogante encontró la inmediata respuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera indicó tras la reunión del Consejo de Ministro que en la tarea de legislar, y en concreto en materia penal, «la última palabra la tienen los representantes de la soberanía, la tiene el Parlamento», y no un organismo, por prestigioso que sea, de la Iglesia Católica. María Teresa Fernández de la Vega explicó que las relaciones del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal se basan en «la lealtad y la transparencia», un planteamiento que «no está reñido con la discrepancia», como en este caso.

La portavoz gubernamental consideró que los obispos están legitimados para participar en los «debates sociales» que crean pertinentes, pero la decisión de tipificar el Código Penal está en manos del Poder Legislativo. El proyecto de ley del aborto, que ahora es objeto de debate, «no va contra nadie» ni contra ningún sector social, reafirmó Fernández de la Vega, quien además mostró su satisfacción por el acuerdo logrado entre los socialistas y los nacionalistas vascos en la tramitación porque ha proporcionada «más legitimidad si cabe» al proyecto gubernamental. Indicó que la colaboración del PSOE y el PNV se traducirá en que tanto las mujeres como los profesionales de la sanidad contarán con «mayores garantías» a la hora de acometer una interrupción del embarazo.

El portavoz del Episcopado, antes de conocer estas palabras, sostuvo que «es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre también delito», aunque acto seguido añadió que «no se entiende cómo quitar la vida a un ser humano inocente, algo que afecta tan sustancialmente a la dignidad y a los derechos fundamentales del ser humano, no pueda ser también un delito». Y es que el aborto, dijo, «es algo que nunca puede ser admitido moralmente y las leyes tienen la obligación también de proteger el derecho» del no nacido. Martínez Camino eludió aclarar si abogaba por la penalización del aborto siempre y en cualquier circunstancia.

Retroceso

El obispo auxiliar de Madrid sostuvo que «un pueblo que da su asentimiento social y legal para quitar la vida a sus hijos no está preparado para la solidaridad fraterna». La Iglesia, por tanto, «quiere dar voz a quienes no tienen voz, porque ellos no pueden defender sus derechos ni asociarse. Es gravísimo quitarles la vida y tiene gravísimas repercusiones sociales y económicas». Insistió en su argumento de que el nuevo proyecto legislativo «supone un serio retroceso y empeora aún más la situación».

Martínez Camino recurrió también al argumento de la imposibilidad de conciliar la práctica católica con el apoyo a la normativa sobre interrupción del embarazo, e insistió en que los diputados que la respalden estarán inhabilitados para comulgar.

«Nadie puede dar su apoyo a este proyecto de ley y los católicos que lo hacen se ponen en situación objetiva de pecado y no pueden ser admitidos en la Sagrada Comunión», subrayó.

Interpelado sobre unas recientes declaraciones del presidente del Congreso, José Bono, en las que decía que la Iglesia le amenazaba con negarle la comunión, pero se la había dado a dictadores como los generales Francisco Franco y el chileno Augusto Pinochet, Martínez Camino se aferró a una evasiva y respondió que «la doctrina de la Iglesia no está hecha contra nadie en particular ni contra ningún partido».

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