El Gobierno alarga dos años la vida útil de la central nuclear de Garoña

La empresa propietaria recurrirá la decisión en los tribunales y los mil trabajadores anuncian movilizaciones


«Zapatero se ha arrodillado ante el lobby nuclear», asegura Greenpeace. «Un grave error y una manifiesta irresponsabilidad con la sociedad», sostiene el Foro de la Industria Nuclear Española. La decisión del Gobierno de prorrogar por dos años la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) ha conseguido unir en la crítica a partidarios y detractores de la instalación. El aparente acuerdo salomónico, filtrado por la mañana por fuentes socialistas y confirmado en la tarde de ayer por los ministros de Industria y Trabajo, no ha satisfecho a nadie. No lo ha hecho a los ecologistas, que pedían la clausura de la planta al término de su vida útil amparándose en el compromiso electoral de Zapatero, ni al sector proatómico, que reclamaba una prórroga de diez años, tal y como había respaldado el Consejo de Seguridad Nuclear. Ni tampoco a los mil trabajadores de la planta, la más antigua de España, que ayer anunciaron movilizaciones para mantener su apertura.

En la misma línea se pronunció la empresa propietaria, Nucleonor, que anunció que ejercerá «cuantas acciones legales puedan corresponder» para defender los «derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas».

La decisión del Gobierno ha sido la de un equilibrista en el alambre. Dentro de dos días, la Administración tenía que renovar, o no, la licencia de explotación de Garoña, cuya vida útil expira en el 2001. Y lo que hizo fue otorgar un permiso por dos años más, con lo que su clausura será el 1 de abril del 2013.

La decisión es «políticamente coherente y laboralmente responsable» porque cumple con el compromiso electoral del PSOE de cerrar las plantas nucleares al final de «su vida útil», concede «un tiempo más que razonable» para sustituir esta energía por otra más limpia y «asegurar el futuro de los trabajadores». El ministro de Industria, Miguel Sebastián, partidario dentro del gobierno de la energía nuclear, trató de justificar así el acuerdo del Ejecutivo. Lo hizo basándose en razones «técnicas». Por un lado, para dar tiempo suficiente para la clausura programada y, por otro, «porque produce más residuos que el resto de las plantas».

Pero lo que no hizo ni Sebastián ni su colega de Trabajo José Corbacho fue presentar una alternativa concreta para la reindustrialización de la zona. Anunciaron, eso sí, un plan de reactivación que consensuarán con la Junta de Castilla-León, pero sin concretar ninguna acción.

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