El Sistema Nacional de Salud ofrecerá el servicio, y lo derivará en los casos necesarios a centros privados
15 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual Reproductiva, que contempla el aborto como un derecho de la mujer, libre hasta la semana 14, en dos supuestos hasta la 22 y excepcionalmente hasta el final del embarazo. Esta norma sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
Una de las principales modificaciones de la futura normativa que más polémica han levantado es que las chicas de 16 y 17 años no necesitarán el consentimiento paterno para abortar. Esta decisión se basa en la Ley de Autonomía del Paciente, que permite que las mayores de 16 años decidan por sí mismas en todas las prácticas médicas, salvo aborto (se eliminará), ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida. Cabe la posibilidad de que esta medida sufra alguna modificación en el trámite de negociación con los grupos parlamentarios antes de su aprobación definitiva en el Congreso.
Otra de las novedades es que toda mujer que decida abortar recibirá un sobre cerrado con información sanitaria y social con sus derechos y ayudas por si prefiere continuar con la gestación. También incluirá folletos sobre los pros y los contras de abortar, así como los centros donde puede hacerlo. Las afectadas tendrán al menos tres días para reflexionar antes de decidir si siguen adelante con la interrupción del embarazo. «Esta medida garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas», precisó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Asimismo, la nueva norma garantiza que el aborto se garantiza dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita, y el Estado velará por su cumplimiento a través de la Alta Inspección Sanitaria. Además, las comunidades están obligadas a garantizar esta prestación. Si en alguna región no hay centros públicos ni privados que realicen la intervención, las autoridades autonómicas deberán garantizar por escrito a la persona el centro donde puede abortar y deberán abonarle la operación. El anteproyecto también establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, y las prácticas ilegales serán sancionadas con multas. Esta norma pasará ahora el control del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, antes de ser aprobada por el Gobierno y el Parlamento.