Los manuales y la forma de impartir la materia podrán ser recurridos si se incluye el adoctrinamiento moral
29 ene 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los niños españoles están obligados a estudiar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según el fallo del pleno de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocido ayer, que rechazó la objeción de conciencia de los padres a esta asignatura. Por 22 votos a favor y siete en contra, el alto tribunal sentenció que no existe este derecho y que los decretos examinados, ambos de secundaria, no lesionan «el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Tras 20 horas de deliberación, repartidas en tres días, los 29 magistrados (faltó uno por causas sanitarias) examinaron cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias contrarias a la objeción del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y uno del de Andalucía favorable a reconocer dicho derecho a los padres. La sentencia tardará un mes en ser redactada y se espera que tenga siete votos particulares o uno que vincule a los magistrados discrepantes.
Fuentes judiciales señalaron que la sentencia abordará cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura para evitar el adoctrinamiento de los niños. De tal forma, no permitirá que las autoridades ni los profesores impongan a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión de la sociedad. Por ello, su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.
Estas matizaciones, que dejan la puerta abierta a que los padres puedan impugnar los manuales o la forma en que se imparta en un determinado centro, sirvieron para que una buena parte de magistrados conservadores que al principio se oponían a esta disciplina variaran su postura y aceptaran la de la mayoría.
Clases o profesores de apoyo
Nada más conocerse el fallo, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, pidió a «todos los padres que han evitado que sus hijos acudieran a las clases que realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas». Por el contrario, las asociaciones que han promovido la objeción anunciaron que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
La cuestión ahora es qué ocurrirá con los miles de niños que no han cursado esta materia. Y la respuesta depende de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de definir cómo se cursa la asignatura. A pesar de ello, Cabrera aseguró que su ministerio impulsará todas las acciones posibles para que estos alumnos recuperen los conocimientos que no han recibido -no tanto las horas perdidas- y tengan la opción de aprobarla. Para ello, negociará con las autonomías distintas soluciones, que pueden incluir clases específicas, profesores de apoyo o actividades diversas, siempre con el consenso de la comunidad autónoma y los colegios. Pero si la sentencia es recurrida, el Tribunal Constitucional decidirá si se ejecuta o queda en suspenso.