El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, recordó ayer la presencia de un crucifijo en el último acto de juramento del cargo de ministros del Gobierno de España. «A nadie se le ocurrió que su presencia deslegitimara a un Gobierno democrático, laico, de la España del siglo XXI, y nadie, le hubiera votado o no, se sintió agredido».
Herrera aseguró que su Gobierno está analizando el fallo sobre el colegio de Valladolid para decidir si lo recurre o no. Explicó que no puede compartir que «la presencia en algunos colegios públicos de un símbolo religioso, como es el crucifijo, sea un elemento de agresión, de vulneración de derechos y de libertades». A su juicio, esa apreciación «no es así en la España de hoy para el cien por cien de los ciudadanos, de las familias, de los alumnos y de los profesores, profesen o no una religión».
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recomendó a la Junta de Castilla y León que proceda al cumplimiento de la sentencia y «no pretenda lavarse las manos como aquel Poncio que conocimos».
La polémica llega a Italia
La Conferencia Episcopal Italiana afirmó ayer que «es difícil pensar que un crucifijo pueda ser una amenaza para la educación y el Estado laico». «La sentencia revela una progresiva pérdida de memoria respecto a las tradiciones y a los valores que han dado esencia a Europa», señaló en una nota. En una Europa que «parece creer en un laicidad desencarnada», el crucifijo «da miedo», concluyó.