El Gobierno español va a estudiar en esta legislatura la posible legalización del suicidio asistido, una medida que podría entrar en vigor en los próximos cuatro años y que podría dar lugar a una reforma del Código Penal para permitir que un enfermo pueda recibir ayuda para poner fin a su vida. «Vamos a iniciar con [el ministerio de] Justicia una reflexión confidencial con un equipo de expertos sobre suicidio asistido», declaró ayer el ministro de Sanidad, Bernat Soria, en declaraciones a varios medios.
En España, la eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce a los enfermos el derecho a negarse a recibir cuidados médicos. La legalización del suicidio asistido podría aplicarse a enfermos que no hayan llegado necesariamente al fin de su vida.
El comité de expertos «ofrecerá elementos suficientes para una decisión política» que podría conducir a una reforma del Código Penal para acercarse así a un marco legal como el que rige en Holanda o Suiza. El proceso puede durar «un año o un año y medio», según el ministro, que no descarta que se legalice durante esta legislatura, que concluye en el 2012.
El proyecto se inscribe en un plan de reforma de la ley sobre la «muerte digna» que lleva a cabo el Gobierno. La reforma incluirá una mejor información para el enfermo, declaró Soria, que hace este anuncio en la misma semana en la que el Ejecutivo dio a conocer que va a elaborar una nueva ley del aborto.
Con respecto al anuncio realizado por Soria, el vicesecretario de Comunicación y portavoz del PP, Esteban González Pons, expresó su rechazo al «suicidio asistido», que comparó con «liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social». Según los populares, lo planteado por el ministro es «otro globo sonda, otra llamada de atención, otra cortina de humo» con el fin de ocultar otras cuestiones como el paro.
González Pons destacó, además, que, con la propuesta de Bernat Soria, los socialistas «han renunciado a los cuidados paliativos, ya no hablan de muerte digna, hablan de suicidio asistido».
Por su parte, el líder de CiU, Artur Mas, acusó al presidente del Gobierno de intentar desviar la atención sobre la crisis económica con leyes como la del aborto o la eutanasia, «que no son prioritarias, porque la gente pide soluciones a la crisis económica».