La Consejería de Educación habilita un registro para recibir las renuncias de las familias
07 mar 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La Comunidad de Madrid no obligará a los alumnos objetores a recibir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por lo que serán eximidos de asistir a esas clases y no serán evaluados en dicha materia, según anunció ayer la consejera de Educación, Lucía Figar.
Esta decisión ha sido tomada por el Gobierno regional tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce el derecho de los padres a objetar en contra de esta materia. «Si no hay ningún cambio legal en la implantación y desarrollo de la asignatura para el próximo curso -que todo podría ocurrir-, estimaremos positivamente las objeciones de conciencia que se planteen en cualquier centro de la comunidad», afirmó Figar.
Esta polémica asignatura comenzará a impartirse el próximo curso escolar en Madrid en segundo y cuarto de la ESO. Pero ahora, la Consejería de Educación habilitará un registro para recoger las objeciones de las familias que lo deseen. «Daremos instrucciones a los centros educativos para que todos los objetores reciban la adecuada atención durante el horario de esta asignatura», resaltó la consejera madrileña.
Aunque en el actual curso no se está impartiendo Educación para la Ciudadanía en Madrid, la consejería ha recibido un total de 1.113 objeciones. Pero tras la sentencia del TSJA, los responsables autonómicos esperan «una auténtica avalancha», según manifestó Lucía Figar, que reveló que hay cinco colegios que ya han objetado en bloque. La sentencia del máximo tribunal andaluz contrasta con la emitida en febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que negó la existencia del derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía. Es más, la Fiscalía del TSJA recurrirá ante el Supremo la sentencia, para lo que alegará que, en el ordenamiento español, el derecho constitucional a la objeción de conciencia no se reconoce como «un derecho general», y por ello no se puede admitir más que en los supuestos reconocidos expresamente en la Constitución o en una norma de rango legal.
Las críticas contra la sentencia del TSJA no se han hecho esperar, y se ha atribuido a que Enrique Gabaldón Codesido, magistrado ponente de la sentencia, es el hijo de José Gabaldón López, presidente de honor del Foro Español de la Familia, asociación que ha hecho posible el recurso judicial de los padres del joven onubense al que se ha reconocido el derecho.
El recurrir a estos hechos para criticar la sentencia fue considerado ayer por el presidente de este Foro, Benigno Blanco, como «entrar en el terreno de la miseria moral y política».
En una rueda de prensa con otros responsables de asociaciones contrarias a la asignatura, el presidente de la Concapa (Confederación Católica de Padres de Alumnos), Luis Carbonell, pidió a la Administración que reconozca «de oficio sin más» el derecho a la objeción y no se obligue a los padres a recurrir a los tribunales.
Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la escuela pública, se opone a la sentencia porque supone «un paso atrás», ya que posibilita a la familia demandante el «incumplimiento» de la LOE.
«Irresponsable»
El Ministerio de Educación y Ciencia considera «irresponsable» la actitud de la Comunidad de Madrid en relación con los objetores de Educación para la Ciudadanía. Fuentes ministeriales comentaron ayer que la decisión es irresponsable porque hace un «llamamiento al incumplimiento» de la Ley Orgánica de Educación, aprobada en el Parlamento, y porque la Comunidad de Madrid se apoya en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que «va a ser recurrida».