«En este país se ha confundido bienestar con derroche»

La responsable de Medio Ambiente advierte que la ciudadanía se volverá mucho más exigente en la conservación y protección de los valores ecológicos


El Gobierno acaba de aprobar la Estrategia contra el Cambio Climático, catorce años después del primer bosquejo. Tarde, pero no demasiado, dice la ministra del ramo. Cristina Narbona lleva tres decenios de conciencia medioambiental a la espalda, y casi cuatro años con la cartera a cuestas.

-Se ha aprobado un plan contra el cambio climático mucho después de que otros países tuvieran un instrumento similar. ¿Por qué ha tardado tanto?

-Fui secretaria de Estado de Medio Ambiente del 93 al 96 y elaboramos el primer plan nacional de lucha contra el cambio climático de este país. El Gobierno socialista nunca lo aprobó y luego, en ocho años, tampoco el PP. Por eso, en esta legislatura tenemos que recuperar mucho tiempo perdido por unos y otros. En este país se ha confundido bienestar con derroche y crecimiento económico con contaminación inevitable.

-Las emisiones de CO2 del sector industrial parecen más o menos encauzadas, pero falta la parte del león, el 60% restante, del transporte, el sector residencial. ¿Cómo rebajarlas para cumplir con Kioto?

-Es la parte más importante de los deberes pendientes. Hemos dado un primer paso, que ha costado, que es que la fiscalidad de los automóviles sea proporcional a su nivel contaminante. Desde el 1 de enero del 2008, al adquirir un vehículo también jugará la consideración de cuánto contamina. Y bien lo han entendido los fabricantes de vehículos que, ahora sí, incorporan en su publicidad «este coche contamina menos». Ha habido una resistencia feroz pero, una vez rota esa barrera con los automóviles, la fiscalidad ambiental llegará a otros ámbitos. Y hay que apoyar mucho más un transporte público menos contaminante.

-Ha tenido siempre el apoyo firme de Zapatero, pero ha habido ministerios reacios a la vertiente ambiental. Ha costado la fiscalidad «verde» del automóvil, el código técnico de la edificación, que podía haber aprovechado el bum de la construcción...

-El código de la edificación, es decir, adaptar nuestra edificación a directivas europeas de eficiencia energética, se empezó a debatir en el año 93. Catorce años después lo tenemos. Por eso digo que se ha perdido un tiempo tremendo. Siempre hay diferencias de valoración, pero yo no me he sentido sola en el Consejo de Ministros. Si el presidente no hubiera querido que el medio ambiente tuviera importancia, habría pensado en otra persona. Él sabía que yo iba a ser muy exigente.

-La estrategia para despejar el litoral de cemento y ladrillo parece tan necesaria como difícil de llevar a la práctica.

-Sin duda. Pero además de esta estrategia, hay otros elementos. La Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo es un acicate para que las administraciones cumplan con las leyes y una herramienta al servicio de los ciudadanos, más allá de cualquier reparto competencial. Y la propia ciudadanía es hoy mucho más exigente. Cada vez hay más personas que van a exigir a sus poderes públicos, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno un urbanismo diferente y la protección de los valores ecológicos.

-¿Cómo va a cambiar la política de costas?

-Hasta hace poco tiempo los ayuntamientos pedían que la Dirección de Costas fuera a hacerles un paseo marítimo o a sacar arena del mar para reponer la playa, y poco más. La política tiene que estar al servicio del uso público del litoral, luchar contra la privatización de esa pequeña franja de playa, más las dunas, los humedales... Eso es de todos los españoles. Y, además, el cambio climático hace que el mar suba, va a quedar menos espacio público y hay que ganarlo hacia atrás.

-Muchos ayuntamientos han hecho caja tapizando su franja costera de ladrillo y cemento. ¿Es reversible esa situación o hay que dar zonas por perdidas?

-Ni el ministerio es el bueno, ni los ayuntamientos los malos. Todos somos hijos de una cultura que empezamos a reconducir. El ministerio ha emprendido acciones que algunos municipios y comunidades comparten.

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