El Foro Español de la Familia calcula que en los centros escolares se han presentado al menos 15.000 objeciones de conciencia contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que comienza a enseñarse el mes próximo. El presidente del Foro, Benigno Blanco, comentó que gran parte de ellas se han registrado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid.
Según Blanco, lo que lleva a una situación complicada es el empeño del Gobierno en mantener una materia contraria a la Constitución y los derechos de los padres, ya que entiende que la asignatura «adoctrina» ideológica y moralmente a los niños. Respondió así a la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, quien aseguró ayer que objetar conduce a una situación compleja desde el punto de vista jurídico.
Blanco afirmó que el Gobierno pretende, por la vía de los hechos, formar a los hijos, lo que obliga a los padres a tomar decisiones que no les gustaría tomar, así que pidió que se rectifique. Preguntado por si el Foro apoyaría una manifestación contra la asignatura, contestó que ahora se está en una campaña de información y objeción y que apoyará cualquier propuesta «sensata» para defender los derechos de los padres.
La oposición a la implantación de la asignatura está encabezada por el PP -que ha advertido que la suprimirá en cuanto gobierne-, la jerarquía católica y 30 organizaciones como Concapa, el Foro Español de la Familia y Profesionales por la Ética.
Implantación y controversia
Desde mediados de septiembre, unos 200.000 alumnos de tercero de ESO de 3.500 centros públicos y privados serán los primeros que reciban clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una de las novedades más polémicas de la reforma educativa impulsada por el Gobierno. La experiencia pionera de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra será observada con atención por las Administraciones, la comunidad educativa y la sociedad en general.
A punto de abrirse las aulas parece arreciar la controversia -en unos lugares más que en otros-, que comenzó cuando el Gobierno propuso, hace tres años, una nueva materia de educación en «valores». Varios padres han recurrido judicialmente los contenidos establecidos por la Junta de Andalucía, los padres católicos de Concapa amagan con una manifestación y la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto cree que la asignatura está «muerta» por enfrentar a la sociedad. Este rechazo inicial se vio incrementado cuando el ministerio precisó, en diciembre del 2006, los contenidos del temario en las enseñanzas mínimas de primaria y ESO.
La situación por comunidades varía: las gobernadas por el PP acordaron implantar la asignatura el curso próximo y aplicar el número de horas mínimo. Madrid, no obstante, quiere sustituirla por tareas de voluntariado, pero el Ministerio de Educación y Ciencia advierte de que esto carece de base legal; y La Rioja ha «descargado» el temario para que sea más neutral.
Navarra, por su parte, decidió implantarla ya con «garantías suficientes». En Cataluña, la polémica ha sido menor, incluso entre los sectores católicos, aunque UDC alerta de la posible inconstitucionalidad de los decretos autonómicos.
Galicia
En la comunidad gallega está previsto que en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se traten temas como las relaciones interpersonales, deberes y derechos, identidad y alteridad, multiculturalismo e interculturalismo.