El Gobierno aplicará por ley el principio «quien contamina, paga» A partir del 2010 tendrán que cubrir con un seguro los riesgos del medio natural
09 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de responsabilidad medioambiental, una legislación pionera que va un paso más allá en la aplicación del principio «quien contamina, paga», ya que quien degrade el medio ambiente no sólo tendrá que pagar, sino también que «repararlo», con independencia de si hubo «culpa o no», como explicó la ministra, Cristina Narbona. La nueva normativa afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, a casi un millón de explotaciones agrarias, a 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a más de un millar de empresas mineras. En lo que respecta a Galicia, se estima que la ley afectará a un mínimo de 275 empresas. Narbona también avanzó ayer que habrá una metodología para calcular «cuánto cuesta reparar los daños sobre la biodiversidad; es una metodología que ya está en curso y que dará lugar a un decreto de desarrollo reglamentario». Los recursos naturales protegidos por la ley son el agua, la costa, el suelo y los hábitats naturales protegidos, además de las especies silvestres preservadas, mientras que las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales son las reguladas por la legislación europea y las que, por su naturaleza, entrañan riesgos -aunque sea potenciales- para el entorno o para la salud humana. En cualquier caso, se generaliza al conjunto de operadores económicos y profesionales la obligación de prevenir y evitar daños medioambientales. Garantías económicas La legislación, que traspone la directiva comunitaria europea que entrará en vigor el próximo 30 de abril, trata de asegurar que el responsable de la actividad que provocó daños devuelva a su estado original los recursos naturales degradados, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Así, como modo de asegurar que las empresas dispongan de los recursos económicos para hacer frente a su responsabilidad, se les exigirá una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la que pudieran incurrir. La obligatoriedad de la citada garantía económica se aplicará de forma progresiva a partir del año 2010, con el fin de que el mercado se encuentre en situación de ofrecer tales garantías. La ministra explicó que, en función de la evaluación del daño potencial, se establecen una serie de umbrales que graduarán la exigencia de la garantía financiera. Así, por debajo del umbral de 300.000 euros, las empresas quedan exentas de disponer de seguro. Si las previsiones de daños oscilan entre 300.000 y dos millones de euros, los operadores deberán elegir entre suscribir la garantía financiera o adherirse a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (Emas). Mientras que si el daño supera los dos millones de euros, se exigirá un seguro que cubra la responsabilidad.