Rueda reclama «máis autocrítica» a los organizadores de las PAU tras los errores de este año, y la oposición rompe su silencio
SELECTIVIDAD
El presidente reivindica que se permita la colaboración de la Xunta y apoya a los alumnos afectados por unos fallos que «a eles non se lles permitirían». El BNG critica que se ponga en duda «a profesionais de recoñecido prestixio» y el PSdeG asegura que se deben asumir responsabilidades
08 jun 2026 . Actualizado a las 20:58 h.Alfonso Rueda reivindicó este lunes que la Xunta tenga más protagonismo en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), después de los errores detectados este año en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico. El Ejecutivo gallego, recordó su presidente, «nin prepara, nin revisa, ni corrixe» las pruebas, que son competencia de la CiUG, una comisión dependiente de las universidades. Rueda dijo comprender «a indignación» de los alumnos y sus familias, que «teñen dereito» a exigir que no se produzcan fallos que «a eles no se lles permitirían», y que tampoco deberían cometer «quenes os examinan». El presidente, que insistió en que «non poden darse» errores como los detectados, consideró que hace falta «máis autocrítica» por parte de los implicados.
Sobre el posible papel de la Xunta, Rueda recordó que la Administración autonómica lleva tiempo pidiendo «máis participación» en el proceso, y señaló que la pueden aportar la experiencia que ya tienen en la organización de «moitas oposicións». El presidente añadió que en el futuro harán «propostas de solución» concretas para mejorar el proceso, pero insistió en que la prioridad ahora es «corrixir os fallos» del último proceso y que se conozcan los «criterios de evaluación» aplicados tras los mismos.
La CiUG está presidida por Iván Area, catedrático de la Universidade de Vigo y doctor en Ciencias Matemáticas, que fue en las listas del Bloque Nacionalista Galego en las elecciones del Parlamento Europeo del 2009 y en las municipales del 2011 a la alcaldía de Ourense. Area afirmó la semana pasada que se aplicarán «criterios extraordinarios de corrección» en las pruebas de Dibujo Técnico para garantizar que ningún estudiante sea perjudicado por los errores.
El estallido de la polémica coincidió con la sesión plenaria del Parlamento de Galicia, pero el asunto no suscitó ningúna crítica de los diputados ni de los portavoces de la oposición Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG). El jueves pasado, tras las críticas de parte del profesorado y la Confederación de Anpas de Galicia, el conselleiro Román Rodríguez exigió responsablidades.
Mientras tanto, el PSdeG y el BNG rompieron ayer su silencio sobre lo ocurrido durante la selectividad. y después de que la controversia generase un choque de reproches entre la Consellería de Educación y la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Sin referirse a los errores en las pruebas, el diputado nacionalista Daniel Castro anunció ayer el registro de una proposición en el Parlamento para que la Xunta mantenga a la CIUG como órgano único de coordinación, organización y gestión de la selectividad. Además, criticó que el Gobierno gallego cuestione a «profesionais de recoñecido prestixio» por errores puntuales, dijo, que «foron rapidamente sinalados e solucionados».
«Falamos dunha entidade da que a Xunta xa forma parte. Pretender agora desmantelala ou substituíla non é máis que un exercicio de desconfianza cara os seus propios representantes e un paso máis no intento de controlar políticamente a elaboración da PAU», señaló el diputado. En este contexto, denunció que «calquera profesional ou entidade que leve a contraria ao Goberno de Rueda é castigado polo sectarismo del PP». Por último, Castro subrayó que detrás del discurso del PP sobre la «neutralidade ideolóxica» se esconde «sectarismo, control ideolóxico e censura».
En una comparecencia en el Parlamento gallego, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias lamentó los «errores inaceptables», pero insistió en que este suceso no debe convertirse «nun axuste de contas políticas». También consideró que se deben asumir responsabilidades por lo sucedido, puesto que «ningún alumno pode pagar polos erros da organización», que van, ha insitido, desde las universidades a la Xunta. Patricia Iglesisas ha cuestionado la actuación del Gobierno gallego porque, dijo, tardó dos días en aparecer, y cuando lo hizo fue para echar balones fuera porque, a su juicio, la Xunta nunca asume responsabilidades. Para los socialistas, esta problemática no puede convertirse en un ajuste de cuentas políticas y que la Xunta imponga así injerencias en la elaboración de la prueba.
Transparencia
La diputada también ha anunciado este lunes que los socialistas galegos presentarán en los próximos días un recurso ante la Comisión Galega de Transparencia para exigir el acceso a lo expedientes de los contratos adjudicados «a dedo» al despacho Equipo Económico por parte de la Xunta. «Se a Comisión non resolve a favor da entrega, o PSdeG acudirá á xurisdición contencioso-administrativa. Levamos seis peticións de expedientes. Seis. E seguimos sen teren ningún deles. Iso non é un descuido administrativo, apunta máis a unha negativa consciente a deixarnos facer o noso traballo como oposición», afirmó Iglesias.
Los contratos en cuestión son 13 adjudicaciones menores a Equipo Económico por un importe que supera los 172.000 euros. El despacho tiene vínculos con el exministro Cristóbal Montoro, actualmente investigado junto a toda «a cúpula do Ministerio de Facenda por organización criminal, cohecho e tráfico de influencias», recordó la diputada.