Gobierno y comunidades se ven las caras para definir la nueva selectividad

S. C. REDACCIÓN / LA VOZ

SELECTIVIDAD

Selectividad en Santiago
Selectividad en Santiago Xoán A. Soler

Los territorios gobernados por el PP muestran su rechazo a la prueba competencial, pero con diferentes exigencias

12 dic 2022 . Actualizado a las 19:27 h.

Mañana martes los consejeros de Educación y la ministra Pilar Alegría se reúnen en una conferencia sectorial para tratar, entre otras cosas, de los cambios anunciados en la selectividad. Y es que esta prueba cambiará obligada por la forma de aprendizaje que propone la nueva ley educativa, y se hará más parecida a los exámenes PISA.

Pero no todas las comunidades están de acuerdo con eso ni mucho menos con la rapidez que se quería implantar: el Ministerio de Educación y FP pretendía que en junio del 2024 (para los alumnos que están estudiando hoy primero de bachillerato) ya hubiese un inicio de esta prueba, que denominan de madurez, con la fusión de las lenguas (tres en Galicia) en un único examen; para el 2027 se preveía una prueba con un contenido único para las lenguas (que en Galicia son tres), Historia de la Filosofía e Historia de España. 

Tras las protestas de los diferentes sectores académicos y de las comunidades, cada uno por motivos diferentes, el equipo de Pilar Alegría anunció que se atrasaría un año la puesta en marcha del examen (ya no afectará a quienes estén ahora en primero de bachillerato) y que además pasaría de valer el 75% previsto al 60%; el otro 40% se supone que va para la materia de elección (Matemáticas, Latín, Debuxo...). 

Este martes es la primera reunión sectorial tras el anuncio del retraso de la selectividad, y a la misma llegan las diferentes comunidades con posiciones distintas, según ha recogido Efe en un recorrido por los territorios españoles: 

Murcia se opone a la prueba de madurez porque «rebaja la exigencia para el alumnado y merma la preparación de los universitarios». Defiende la estructura actual por materias pues, afirma, de lo contrario «aumentarán las desigualdades en el acceso a la universidad entre los estudiantes simplemente por el hecho de residir en una comunidad u otra».

En el mismo sentido, Madrid rechaza la denominada prueba de madurez, «mucho más sencilla, en la que el rigor, el conocimiento y la calidad tendrá mucho menos peso», y que, «devalúa el esfuerzo de los alumnos».

Castilla y León quiere una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única en toda España y califica de «injusticia» que se incida en un modelo con 17 pruebas distintas. No se sentará a negociar, dicen desde el gobierno de coalición PP-Vox, con el ministerio ninguna cosa que no sea una prueba única estatal.

Fuentes de la Consellería de Educación e la Xunta de Galicia señalan que su intención es «seguir defendiendo una prueba de consenso que nazca de la rigurosidad y del diálogo a favor de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, máxime en un sistema de distrito universitario único como es España».

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía explica que el modelo de prueba que está impulsando el Ejecutivo central «devalúa el acceso y por tanto camina en dirección contraria a la cultura del esfuerzo que defiende el Gobierno andaluz como valor transversal y fundamental en todo el sistema educativo».

Entre las comunidades ajenas al PP tampoco hay unanimidad, aunque sí se ve con mejores ojos la propuesta del Gobierno central:

Castilla-La Mancha respalda la propuesta del ministerio de aplazar un año la nueva EBAU y rebajar el peso del examen de madurez,  mientras que el Gobierno de La Rioja prefiere mantener la prudencia hasta que haya un modelo definitivo.

La Consellería de Educación valenciana ha explicado que se posicionará a partir de lo que se debata en la reunión de hoy, y la de Baleares afirma que comparte el mismo planteamiento que el Ministerio.

El departamento vasco de Educación pide sobre todo más tiempo porque «una modificación de este calado necesita una mayor reflexión». Además entiende que no se puede poner en marcha una reforma de esta prueba hasta que se hayan implementado los nuevos currículos en toda la etapa de bachillerato. 

Igualmente, Cantabria ha sido una de las comunidades que solicitó un año adicional de transición al entender que una reforma de este calado requiere de tiempo suficiente y reflexión y está a la espera que el ministerio remita el acuerdo marco. Para la consejería cántabra es fundamental el pilotaje de la prueba transitoria, que estará en vigor durante los próximos cursos y permitirá ir ajustando las pruebas.

La Consejería de Educación de Canarias valora la nueva EBAU, si bien «queda abierta a cualquier propuesta» del ministerio respecto a contenidos, calendario o «cualquier otro aspecto», sin concretar más detalles.

Fuentes del departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña han considerado positivo que se decida aplazar un año la puesta en marcha del nuevo examen de selectividad pero apuntan: «No podemos valorar nada cuando no tenemos ningún documento» del ministerio. 

El Gobierno de Aragón ve «con buenos ojos» el aplazamiento de la nueva selectividad para que los centros que hayan implantado el nuevo currículo den tiempo a los estudiantes de adaptarse.