¿Cómo detectar que un piso turístico es ilegal? Los expertos aportan sus claves para atajar un problema cotidiano en Santiago
VIVIR SANTIAGO
La manera en la que los propietarios ceden las llaves de la vivienda a los inquilinos ya da muchas pistas para desconfiar, según apunta el portavoz de la plataforma favorable a una mayor regulación
27 may 2023 . Actualizado a las 21:53 h.La proliferación de vivienda de uso turístico (VUT) en Santiago de Compostela es un fenómeno que siempre ha existido, pero que en los últimos años se ha multiplicado de la mano de las plataformas digitales que le dieron alas para popularizarse. No es cosa picheleira, que en medio mundo están igual, siempre que haya un mínimo monumento natural o cultural de por medio que llame al turismo. Existen normas que las regulan desde principios de este año pero, ¿realmente se cumplen? ¿Cómo podemos diferenciar una vivienda turística legal de otra que no lo es?
«En la mayor parte de las viviendas turísticas de Santiago quien entrega las llaves es directamente el propietario, que se cita con sus inquilinos en la puerta del alojamiento». Ese es el resumen que hace Estrella Ferreiro, portavoz de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia) sobre los métodos que tienen los dueños compostelanos de alquilar sus pisos turísticos. La polémica saltó a la calle cuando La Voz, esta misma semana, publicó un reportaje sobre los cajetines que afloran en las calles compostelanas guardando llaves de viviendas alquiladas en régimen vacacional.
«A todas luces, si un cajetín guarda la llave, ese piso no es de fiar», comenta Carlos Debasa, portavoz de la Plataforma para la Regulación de Viviendas Turísticas (Previturga). Del mismo modo, sostiene que esa práctica en la que un casero entrega la llave en mano a los inquilinos no es en absoluto segura, «pues muchas veces los citan en el número 10 de la calle para luego guiarlos hasta el 12 o hasta el 8, donde realmente está el alojamiento que no tiene regularizado y que tiene que esconder».
En su opinión, otra de los métodos más usuales también da indicios de que una vivienda es ilegal, cuando se dejan las llaves en una cafetería o un bar próximos al apartamento y se ha de acudir a ellos para reclamar las llaves. «En realidad, la única vía que, me parece, da seguridad al turista es la existencia de un cajetín fijo con la llave, un panel para meter una contraseña o que sea el propio dueño quien abra la puerta de modo remoto, a través de un telefonillo digital, que requiere una instalación específica».
Una de las uniones vecinales que más padecen el impacto de las VUT es la que reúne a los residentes en el casco histórico, la Asociación de Vecinos Fonseca. Su portavoz y presidente, Roberto Almuiña, aprecia que la normativa regulatoria que prohíbe la implantación de pisos turísticos en la zona vieja no ha tenido el efecto deseado, «pois os que xa operaban seguen operando, sexan ilegais ou non», siendo estos últimos incontrolables.
De todos modos, bajo su punto de vista la clave del asunto sería limitar los pisos turísticos a los edificios en los que vivan los propios caseros «para que sexan eles mesmos os que teñan que convivir cos turistas». No solo eso, coloca el acento también en la necesidad de evitar que edificios enteros se conviertan en «hoteis de apartamentos, virando todas e cada unha das vivendas cara ao alugueiro turístico».
Poniendo los pies en la calle, Almuiña no se encuentra ni con cajetines instalados en la pared de las casas ni con paneles donde meter contraseñas, corroborando el punto de las asociaciones anteriores que apuntaban a que el método más común para entrar a un apartamento turístico en Compostela pasa por tener al dueño esperando en la puerta por el visitante para darle las llaves.
«Yo, si fuera un usuario, lo primero que me haría sospechar de que el piso en el que me voy a alojar es ilegal es el hecho de que el casero no me quiera decir la dirección exacta. Si yo tengo la vivienda legal podré decir la puerta y el número, pero cuando me escondo es cuando da para sospechar», comenta Debasa, el líder inmobiliario que comanda la plataforma favorable a la regulación.
Contra los pisos ilegales, ambas plataformas coinciden en una medida: se requieren más inspecciones. Tanto la Xunta de Galicia como el Concello han de poner de su parte en este sentido, según los portavoces de cada una de las asociaciones. Además, en Previturga apuestan por exigir más responsabilidades a las plataformas donde se ofertan los pisos, tales como Booking o Airbnb. En concreto, su petición es que estas empresas comiencen a exigir el número de licencia «contrastado» para poder anunciar una vivienda.
Quien también insta a las autoridades a que realicen más inspecciones es Mercedes Vázquez, integrante de la directiva de la Asociación Veciñal A Xuntanza, cuyos asociados residen en el barrio de San Pedro. Pero no solo eso, también subraya que su organización lleva años clamando por una moratoria que reste el número de viviendas vacacionales, «que notamos disparado no noso barrio». Ven trasiego constante de gente y de maletas, «algo que irrita aos veciños, pois non é que se trate de novos residentes, son só turistas que non traen beneficio algún conxunto do barrio e xa andan por aquí dende marzo, alongando a tempada alta ata niveis nunca vistos e que tamén alongan, polo tanto, os problemas para nós».
«Mentres que notamos como vai baixando a xente, tanto a maior como a nova, vemos que os pisos seguen iguais ou medrando, e iso que agora temos unhas normas que regulan a súa instalación». Vázquez agradece tanto a Compostela Aberta, en cuyo mandato municipal comenzaron los movimientos para la normativización, como al PSOE, que tomó el relevo y también medidas definitivas. Ahora bien, pide a todos los grupos políticos con presencia en Raxoi que vayan más allá, «que estuden realmente o impacto do turismo na cidade e tomén decisións, pois non hai máis que escoitar unha conversa nun bar de Santiago para ver o descontento da cidadanía».
Según datos del Concello, a finales del 2022 había unas 900 viviendas turísticas registradas como tal en Santiago. Existen herramientas para medir la ocupación y el mercado de alquiler turístico como AirDNA, que afirman que solamente en las plataformas de Airbnb y Vrbo se publicaron el verano pasado 908 anuncios de viviendas distintas, sin tener en cuenta otras tan famosas como Booking, Home to Go, Rentalia o Wimdu.
Estrella Ferreiro, de Aviturga, asegura no conocer a ningún casero que alquile sus pisos cuando son viviendas irregulares según la normativa compostelana. Es más, asegura que muchos de los arrendamientos anuales que se firman en la ciudad también se hacen sin declarar, «sean de estudiantes o de familias, que delincuentes los puede haber en todos lados y no se debe criminalizar a ningún colectivo».
Un negocio lucrativo y sin control fuera de la teoría
Publicaba este medio el 20 de julio de 2002 una entrevista con una propietaria de una vivienda turística. En aquellos años la moda parecía ser más bien alquilar por habitaciones. La individual rondaba los 12 euros, recién estrenados en aquel momento, y la doble los 25, según el testimonio de esta casera de hace más de veinte años. Hoy los precios son muy distintos, llegando a pagarse cientos de euros en algunas partes de la ciudad por un apartamento turístico. «Yo misma reconozco que son buenas, sé de otras que dejan bastante que desear, pero también se alquilan», decía la señora.
Queda claro, por tanto, que ni el revuelo de los pisos turísticos ni el problema del escaso mantenimiento que tienen los pisos en Compostela es cosa solo del presente. A día de hoy, la plataforma Airbnb permite calcular cuánto puede generar para el casero ofertar un piso en las diferentes zonas de la capital, teniendo en cuenta los pisos de alrededor y de los últimos tiempos. De este modo, enseñando la posible rentabilidad, se llama al dueño para que elija el régimen turístico de alquiler.
La plataforma calcula que en las rúas do Vilar, do Franco o en la rúa Nova los apartamentos nuevos pueden revertir a su propietario unos 118 euros por noche. De hecho, todos los que comenzarían a promocionarse en la parte histórica de Santiago pivotarían sobre esas cifras. ¿Cómo es posible, si está prohibido establecer viviendas turísticas en ella?
Lo cierto es que Airbnb no solicita ningún dato registral para quien desea poner su piso a alquilar en la web, más allá de pedir que se revise la normativa correspondiente si es que la hubiera. En el proceso se reclaman fotografías del piso y una dirección, pero no se insta ningún tipo de documento a nivel legal para poner el anuncio. Del mismo modo, tampoco demanda la existencia de ningún tipo de seguro empresarial como tal del piso, pudiendo no estar cubierto o simplemente bajo el paraguas de una póliza de una vivienda de una familia.
Cualquiera puede hacer la prueba, cuyas condiciones de seguridad critica Carlos Debasa desde Previturga: «No se pide el código de licencia de la vivienda y, si se pone, que es lo que se debería hacer, nadie comprueba que ese número sea real». Por parte de Aviturga, Estrella Ferreiro sostiene que Booking, la plataforma que ella emplea, sí pide los datos de licencia del piso, esos que figuran en la base de datos de la Xunta, «pero no sé si los comprueba o no».