Atribuyen a la movilización social el veto de la Xunta a la reactivación de la mina de Touro
TOURO
Carpetazo al proyecto, más de un año después del rechazo autonómico basado en la declaración de impacto ambiental negativa
03 mar 2021 . Actualizado a las 18:15 h.El carpetazo de la Xunta al proyecto de reactivación de la mina de cobre de Touro fue valorado este miércoles por la plataforma vecinal Mina Touro - O Pino Non como un triunfo de la movilización social. «De non ser pola resposta social e cidadá, este proxecto e tantos outros de similares características son susceptibeis de aprobación sen ningún tipo de supervisión, nin comprobación, con todas as catastróficas, terribeis, calamitosas repercusións e ausencia de garantias que conlevan», afirma este colectivo, que dice desconocer todavía la resolución de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Consellería de Economía.
La plataforma ciudadana le recuerda a la Xunta su compromiso, formulado por el anterior director xeral, Ángel Bernardo Tahoces, de mantener informados a los colectivos afectados para que puedan «defenderse e defender os seus medios de vida e o medio natural e cultural que habitan». También incide en el tiempo transcurrido desde que la Administración autonómica expresara ya su rechazo tajante al proyecto minero, a finales de enero del 2020, a la vista de la declaración de impacto ambiental negativa, que concluía que el proyecto presentado para la reapertura de la mina no garantizaba la sostenibilidad ambiental del entorno.
El rechazo comunicado ahora por la Consellería de Economía a la empresa Cobre San Rafael (sociedad formada por la minera Atalaya Mining y la propietaria de los terrenos Explotaciones Gallegas) es consecuencia de esa declaración de impacto, sustentada en los informes negativos de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente concluyó que, en caso de que se produjese algún percance con la actividad extractiva, no estaría garantizada la protección de la Zona de Especial Conservación del sistema fluvial Ulla-Deza, mientras que el de la Consellería de Infraestruturas indicaba que el proyecto de Cobre San Rafael no garantiza el mantenimiento de la calidad de las aguas. La resolución de la Xunta se producía basándose en estos dos informes y pese a que otros trece, de otros organismos, eran positivos.
En su resolución, la Consellería de Economía dice que cualquier proyecto minero tiene que reunir todas las garantías técnicas, ambientales y urbanísticas, y todos los requerimientos de la legislación. La resolución de la jefatura territorial del departamento autonómico también invalida el plan de restauración vinculado a la reactivación de esta mina inactiva desde los años ochenta del siglo pasado, argumentando, entre otros motivos, que el plan corresponde a un proyecto de explotación rechazado.