Denuncian en la Fiscalía el daño ambiental de la mina de Touro

Adega y la plataforma de Arousa piden al TSXG que intervenga


Santiago / la voz

La asociación ecologista Adega y la Plataforma en Defensa de la ría de Arousa (PDRA) han abierto un nuevo frente contra el proyecto de reapertura de la mina de cobre de Touro utilizando para ello documentación propia y de Augas de Galicia sobre el impacto contra el medio ambiente que generó la mina de extracción de cobre que ahora se quiere reactivar.

Ambos colectivos optan por esta vía tras analizar distintas muestras de agua tomadas en Touro en noviembre del 2017 en el entorno del complejo minero. La Universidade de A Coruña se encargó de este estudio y emitió un informe detallado cuyas conclusiones les llevaron a solicitar más datos a Augas de Galicia.

Y a raíz de las conclusiones de ambas investigaciones, decidieron presentarlas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que «abra as oportunas dilixencias para verificar os feitos expostos e, de proceder, dar traslado ao xulgado da correspondente denuncia para depurar responsabilidades derivadas dos presuntos danos aos recursos naturais, ao medio ambiente é a saúde pública, alén das que tamén poidan atinxir aos responsábeis dos departamentos administrativos implicados pola presunta falta de control e omisión de sanción das continuadas verteduras contaminantes ás augas».

Datos desde el 2008

En el escrito entregado la Fiscalía señalan que las analíticas de Augas de Galicia, que en algunos casos se refieren a datos recopilados diez años antes, confirman la abundancia en niveles muy superiores a lo habitual, y en muchos casos por encima de las recomendaciones de salud pública, de cobre, nitrógeno, manganeso, hierro, aluminio y arsénico.

En base a la información recogida en la denuncia sobre los controles de agua del Ulla, los colectivos denunciantes afirman estos elementos contaminantes afectan, al menos, a una superficie de unos 65 kilómetros cuadrados alrededor de la mina, incidiendo con ello en el curso medio del río Ulla, que desemboca en la ría de Arousa.

Atendiendo a estos datos, reiteran que queda demostrado «o fracaso dos supostos tratamentos de rexeneración e control da contaminación efectuados nas balsas e ríos que drenan a contorna mineira».

Adega y la plataforma insisten en que la contaminación del Ulla tiene graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas que hay que corregir y al mismo tiempo evitar que puedan volver a producirse.

Consideran que estos hechos suponen un incumplimiento de Código Penal por «unha contaminación reiterada e persistente das augas» que genera una situación de peligro para las personas, la flora y la fauna. También perciben un incumplimiento del artículo 45 de la Constitución porque entienden las administraciones no velaron por el cuidado del medio ambiente y no tomaron medidas para restaurarlo.

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