«La oposición a la mina es ideológica»

Los responsables de Cobre San Rafael ofrecen transparencia frente a las críticas

«La oposición a la mina de Touro es ideológica» Los responsables de Cobre San Rafael se defienden de las críticas ofreciendo transparencia y minería moderna «que no contaminará los ríos»

santiago / la voz

Cobre San Rafael trabaja con la convicción de que su proyecto para la explotación de unas 700 hectáreas de terreno, ocupado en parte por la mina inactiva en Touro desde 1986, tendrá en verano todas las bendiciones administrativas. Mientras sigue realizando sondeos y otros trabajos previos, ha iniciado una ardua batalla para tratar de convencer a la sociedad de que la minería es imprescindible para el desarrollo y de que nada tiene que ver una explotación hoy con la de hace 30 años, como tampoco los controles y las exigencias legales. Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining -empresa minera asociada en Cobre San Rafael con la compostelana Explotaciones Gallegas-, presentó ayer el proyecto, sobre el terreno, a los medios de comunicación, y fue tajante: «La oposición a la mina es ideológica».

Lavandeira, ingeniero de minas ourensano con 38 años de experiencia en el sector minero y metalúrgico, reconocido a nivel internacional, salió al paso de la contestación social que ha suscitado el proyecto que afecta a los municipios de Touro y O Pino, a 20 kilómetros de Santiago, criticó a los «iluminados» que «amenazan sin dar datos concretos», y ofreció transparencia porque «no hay nada que ocultar». Así, Cobre San Rafael remitió el proyecto a los grupos ecologistas, pero ve con curiosidad que «la oposición viene de grupos ideológicos».

Minería moderna

El responsable de Atalaya Mining dedicó buena parte de su intervención a desmontar los argumentos de los críticos con el proyecto, al considerar «absurdo» que se diga que la empresa no tiene voluntad de permanencia -«no le veo el negocio a invertir para marchar», dijo- o que los empleos que prevén crear, 400 directos, serán precarios: «En un 90 % serán indefinidos», y añadió que en su mayor parte serán para vecinos del entorno. «No va a haber suficiente gente» en la zona, dijo.

Alberto Lavandeira se extendió en el rechazo a las objeciones medioambientales al proyecto. Defendió que Cobre San Rafael aplicará las mejores técnicas de la minería moderna, rechazó que se puedan contaminar los ríos de la zona -«es mentira que haya metales pesados que puedan acabar en la ría»- y define la futura explotación como minería de transferencia, que supone extraer y simultáneamente rellenar las áreas afectadas, recuperándolas ambiental y paisajísticamente. El máximo responsable del proyecto apoyó sus argumentos con imágenes de la recuperación de minas asturianas, también a cielo abierto y de mucha mayor extensión, que hoy son zonas arboladas y de frutales.

Respecto al impacto sobre las explotaciones agroganaderas, Lavandeira aseguró que solo el 6 % de las 700 hectáreas tienen este uso actualmente, sin que exista granja alguna en el terreno afectado. Más de 400 hectáreas ya son propiedad de Explotaciones Gallegas, la empresa del grupo constructor Francisco Gómez que actualmente extrae áridos y que detenta los derechos mineros. Sobre el resto, Cobre San Rafael prevé comprar, alquilar o permutar fincas, que en su mayor parte son eucaliptales. Los promotores de la mina no perciben oposición de los vecinos del entorno, que están permitiendo el acceso de los técnicos a sus propiedades para realizar sondeos, que ya son unos seiscientos, 270 de ellos en terrenos particulares.

Lavandeira negó que el proceso químico para separar el cobre genere residuos tóxicos ni peligrosos y se extendió sobre el depósito de estériles (lodos), que será completamente estanco y que, al igual que el resto de las instalaciones de la mina, funcionará en circuito cerrado, de forma que no podrán producirse fugas. El depósito tendrá muros «como los de una presa» y su impacto, pese a las dimensiones de unos 80 metros de alto y hasta 3.000 de largo, quedará oculto por una suave pendiente del terreno. «Vertido cero, nos comprometemos», enfatizó el consejero delegado de Atalaya Mining, para quien «se está magnificando un problema que no existe». Por el contrario, hay «un pasado y un pasivo», producto de la explotación de 1973 a 1986, del que Cobre San Rafael se hará cargo, si bien rechaza «culpabilizar el futuro» por ese pasado: «Formando parte del proyecto hemos asumido el pasivo, tenemos que arreglarlo y dejarlo mejor».

Inicialmente, Cobre San Rafael prevé explotar la mina durante quince años, con una inversión de 200 millones de euros. Desde hace dos años y medio ha invertido ya casi cinco millones de euros, porque «pensamos que va a salir, porque no hay razones para que no salga». Respecto a la extensión de la explotación minera a una zona más amplia, hacia Boqueixón, Lavandeira explicó que la empresa realiza exploraciones autorizadas del terreno, pero es pronto para valorarlo. La apuesta de la empresa se limita en la actualidad a las 700 hectáreas para las que espera permiso de explotación, con la convicción de que «lo vamos a hacer bien, porque es un proyecto del que nos sentimos orgullosos, y es una oportunidad para Galicia, porque aquí se puede hacer buena minería».

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