El Concello divulgará la norma para que los vecinos y el personal sepan cómo actuar
03 abr 2019 . Actualizado a las 12:38 h.Que la libertad de cada uno acaba allí donde entronca con la de otra persona es una máxima de primero de convivencia. Aplicar esta teoría al comportamiento en los espacios públicos para fijar los límites entre una falta de respecto o acoso y las ganas de entablar conversación, o incluso «ligar» es lo que pretende el Concello de Teo con la redacción de una ordenanza «para a promoción e o respecto ás liberdades sexuais das persoas».
El objetivo del marco normativo es más amplio que el que recoge su título, ya que, como consta en su artículo primero, nace «pola necesidade de evitar no espazo público en nas actividades municipais todas as prácticas individuais ou colectivas que atenten contra a dignidade das persoas, e en concreto, as condutas contra a liberdade sexual e discriminatorias por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero, especialmente cando se dirixan aos colectivos máis vulnerables».
El documento, aprobado por el pleno teense, entró en viigor en febrero y su contenido estará pronto visible en los diferentes espacios públicos. Esto permitirá que las personas que sufran algún tipo de acoso sepan a donde acudir para denunciarlo y que la plantilla municipal, o el personal subcontratado para prestar servicios en el Concello, tenga claro lo que tiene que hacer para poner freno a estas situaciones al disponer de un marco legal en el que basarse. «A idea foi buscar un instrumento para poder actuar de xeito rápido e eficaz ante situacións que se poden dar en espazos como o ximnasio, a piscina ou calquera instalación municipal», argumenta Ignacio Iglesias, promotor de esta ordenanza en calidad de concejal de Igualdade e Benestar de Teo.
El edil reconoce que redactar el texto fue especialmente laborioso porque en Teo no tienen constancia de que exista una normativa similar, por lo que la suya es una ordenanza elaborada desde cero. Iglesias resalta que, ante una situación de acoso, la persona afectada tiene derecho a que se tomen medidas, siempre compatibles con la filosofía garantista que debe tener cualquier expediente administrativo.
La normativa prohíbe expresamente «insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción física ou psíquica, agresións e outras condutas vexatorias». También obliga al personal a «previr, evitar e, no seu caso, detectar e eliminar» las conductas citadas anteriormente. Para ello deberá garantizar la dignidad física y moral de la persona agredida, alejar a la persona infractora y si esta no desiste de su comportamiento, ordenar su expulsión.
El Concello puede dictar medidas cautelares y aplicar responsabilidad subsidiaria. Sea penal o no, si la infracción de ordenanza es grave, incluirá una multa de entre 750 y 1.500 euros. Y si es muy grave, la cuantía oscilará entre 1.500 y 3.000 euros.