En casi ocho mil hogares del municipio, el 20,56 % del total, solo viven personas de 65 o más años
17 sep 2018 . Actualizado a las 01:01 h.Galicia es un país cada vez más envejecido. De hecho, uno de cada cuatro habitantes es perceptor de una pensión contributiva de la Seguridad Social, una proporción escalofriante y que da cuenta del vertiginoso declive demográfico que azota al territorio. Aunque en menor medida, su impacto también se percibe en las ciudades, incluidas las del llamado eje atlántico, donde hay un mayor dinamismo económico. Según los últimos datos actualizados por el Instituto Galego de Estadística (IGE) - a falta de que se cierre el 2018 -, en los siete grandes ayuntamientos de la comunidad el número de pensionistas por cada mil habitantes es inferior al valor medio de la autonomía. Los que presentan una mayor proporción son Ourense y Ferrol, con 238,3 e 229,8, respectivamente, seguidos de A Coruña (216,9), Vigo (210) y Lugo (203,8). A continuación se situaría Santiago, con 191,3 perceptores por mil residentes, lo que traducido a una escala menor significa que casi dos de cada diez habitantes censados son pensionistas. Pontevedra es el ayuntamiento que presenta la proporción más baja (178,1).
En el caso de Compostela, como en otras ciudades, se da la circunstancia de que una parte importante de la población joven ocupada reside en los municipios limítrofes, como son los casos de Teo, Ames y Oroso, y que en la ciudad hay cada vez un mayor porcentaje de personas mayores. Sirva un dato como ejemplo: en el último informe que ofrece el IGE sobre la situación estructural de las familias, actualizados al 2016, se muestra que en el 20,56 % de los hogares existentes en el municipio solo vive población mayor de 65 años. Esta realidad es especialmente reconocible en algunas áreas de la ciudad, como el Ensanche o zona nueva, calles que hace cuatro décadas acogieron a los hijos del bum demográfico de los setenta, y que albergaron tiempo después a miles de universitarios. Hoy es un barrio de jubilados, lo que ha tenido también consecuencias en la hostelería y el comercio de la zona, que han mudado su cara sustancialmente.
Esta realidad tiene también un impacto económico: cada vez es más grande la brecha entre las personas que se benefician del sistema (jubilados) y las que aportan (cotizantes), a lo que se suma el gasto público ocasionado por la población mayor y la necesidad de reorganizar servicios sanitarios y sociales, es decir, el conjunto de las políticas públicas dirigidas a un segmento de población cada vez mayor. A mediados del pasado mes de agosto, la concejal de Políticas Sociais, Concha Fernández, hizo público un estudio que tenía por objetivo trazar un diagnóstico de la situación y poder así orientar las decisiones para convertir Santiago en una ciudad inclusiva y amigable con los mayores, tal y como marcan los criterios internacionales.
El informe muestra que más del 27 % de la población tiene más de 60 años y que casi dos de cada diez personas mayores de 65 viven solas, hasta sumar 4.581 sobre un censo de casi 97.000.