La Fiscalía pide penas de prisión y elevadas multas para cuatro acusados de falsedad y estafa en pruebas de covid fraudulentas en Ames y Vilagarcía
SANTIAGO CIUDAD
La Audiencia de Santiago acogerá el juicio contra los responsables de las dos clínicas y dos trabajadoras
07 feb 2026 . Actualizado a las 10:03 h.Los responsables de dos clínicas situadas en O Milladoiro, en Ames, y Vilagarcía de Arousa en las que entre octubre y diciembre del 2021 se llevaron a cabo pruebas de covid-19 y se emitieron los correspondientes certificados sin contar con la autorización administrativa ni el necesario registro sanitario se enfrentan a penas de cárcel de seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente. Ambos van a ser juzgados en la sección sexta de la Audiencia Provincial, que es la que tiene su sede en Santiago, acusados de falsedad documental y de un delito continuado de estafa. El principal encausado se expone además a una solicitud de multa de 13.380 euros, que es de 7.250 para el otro. También se sentarán en el banquillo dos trabajadoras de los centros, para las que la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel y 7.200 euros de multa. Además, en concepto de responsabilidad civil, deberán devolver el dinero que pagaron los afectados por unos test que carecían de validez.
El escrito de acusación presentado por el ministerio público relata cómo el principal acusado efectuó solicitudes de autorización como centro sanitario en octubre del 2020 y mayo del 2021, pero no le fueron concedidas. Sin embargo, en febrero del 2021 comenzó su actividad como «intermediación en análisis clínicos, venta de productos sanitarios e intermediación en reconocimientos médicos, pese a carecer del preceptivo registro sanitario exigido legalmente».
El acusado constituyó tres sociedades, todas ellas con el mismo domicilio social en O Milladoiro, y dirigía dos clínicas, una en esta sede de Ames y otra situada en la plaza de Galicia de Vilagarcía de Arousa, de la que era responsable el otro encausado. Ambas, según el fiscal, «carecían de autorización, infraestructura y capacidad para realizar análisis clínicos, y en concreto para efectuar analíticas de antígenos y PCR de coronavirus, por lo que [una de las empresas] suscribió contratos con laboratorios externos».
Sin embargo, los laboratorios externos con los que trabajaban fueron rompiendo su relación con la empresa de los acusados por razones de impagos, lo que hizo que «en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021, cuando las clínicas ya no contaban con laboratorios externos contratados a los que derivar las muestras tomadas a los pacientes que acudían a las mismas, los encausados, según el rol que desempeñaba cada uno de ellos, a sabiendas de su falsedad y guiados del ánimo de obtener un ilícito beneficio, emitieron al menos 511 certificados PCR y sus correspondientes solicitudes de análisis de laboratorio», afirma la Fiscalía.
Las clínicas se presentaban en el mercado y ante los clientes «con una apariencia de legalidad mediante el uso de carteles informativos e insertando publicidad en los medios de comunicación y en las redes sociales», lo que llevó a que sus acciones afectaran a un elevado número de personas. No obstante, el ministerio público solo reclama indemnizaciones para 27 personas, con cuantías que van de 80 a 480 euros, ya que algunos de los afectados hicieron más de un test para ellos o para familiares.
En cuanto a las dos trabajadoras que también van a ser juzgadas, el ministerio público asegura que eran plenamente conocedoras de que las clínicas no contaban con laboratorios externos para analizar las muestras de los test y, pese a ello, «realizaban dichas pruebas y emitían los certificados de resultados de PCR falsos». Además, la acusación pública advierte que se utilizó de forma fraudulenta la firma digital de un médico que había trabajado para ellos, pero que en el momento de los hechos juzgados ya no lo estaba haciendo, por lo que ni dio consentimiento ni conocía esta situación. «De modo que a partir del 8 de enero del 2021 los certificados se expidieron sin que ningún trabajador de la categoría profesional de médico revisase o avalase los resultados de los análisis efectuados», concluye el escrito del fiscal.
Una de las procesadas, concretamente la que prestó sus servicios en la clínica de O Milladoiro, lo hizo pese a no constar dada de alta en la Seguridad Social, lo que lo hacía incompatible con la prestación que estaba percibiendo.