La risga frena la caída que inició en la provincia por el ingreso mínimo vital
SANTIAGO CIUDAD
La renta gallega llega a un millar de personas, la cuarta parte que en el 2015
08 sep 2025 . Actualizado a las 21:12 h.La paga social gallega estabiliza en los municipios de la provincia de A Coruña la caída que inició después de la pandemia con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Esta renta autonómica de inclusión social (risga), que durante años fue una de las ayudas más relevantes para decenas de miles de personas en situación de emergencia social en Galicia, llegó a contar en la provincia con 3.978 beneficiarios en el 2015. Ocho años después, en el balance del 2023, el censo de perceptores habían caído a 993. Y en el del 2024, el último ejercicio disponible con datos completos, esa cifra repunta ligeramente y se sitúa en 1.009 personas. De este modo, se frena el desplome que venía experimentando la renta social que gestiona la Xunta tras la implantación del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno central.
Al ser dos pagas que están dirigidas a perfiles sociales muy similares y quedar reservado para casos concretos el cobro de ambas, la creación del ingreso mínimo, mejor dotado económicamente que la renta autonómica, implicó un trasvase de beneficiarios hacia esa ayuda, un proceso que se dio tanto en esta provincia como en el conjunto de Galicia. Por tanto, este desplome en el acceso a la risga no es atribuible ni a un endurecimiento en los requisitos de acceso —aunque son más que para percibir el ingreso mínimo vital—, ni tampoco, desde luego, a que haya mermado en los últimos años la bolsa de coruñeses que se encuentran en situación de emergencia social. En todo caso, apenas uno de cada diez beneficiarios de la risga compagina esta paga autonómica con el ingreso mínimo.
En la nómina de perceptores en la provincia, A Coruña es, lógicamente, el municipio en el que más personas acceden a la risga. En el 2024 fueron 440, lo que supone 37 menos que en el 2023. También baja el alcance de la renta de la Xunta en Santiago, que pasó de 65 a 61 beneficiarios en ese período. En cambio, entre los ayuntamientos de la provincia con más de 20.000 habitantes, son mayoría aquellos en los que la paga social gallega llegó a un mayor número de personas el año pasado que en el 2023. En Ferrol, la risga pasó de 72 perceptores a 77, un censo sensiblemente inferior, con todo, a los 101 que la cobraron en el 2022. En el grupo de concellos de 20.000 a 50.000 vecinos, la nómina de beneficiarios de esa renta gallega solo bajó en el 2024 en Oleiros (de 27 a 18) y en Ames (de 33 a 31). Por contra, subió en Arteixo (de 38 en el 2023 a 44 en el 2024), Narón (de 37 a 49), Culleredo (de 32 a 34) y Ribeira (de 9 a 11).
Por lo demás, entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, únicamente en Sada (31 perceptores) y Melide (13) ingresaron la risga más de 10 personas. En el resto, su alcance puede considerarse anecdótico, hasta el punto de que, en más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia —54 de los 93— el número de beneficiarios no pasa de dos personas, y en 36 de esos 54 la risga no llegó a ningún vecino el año pasado.
Un dato elocuente que ilustra la dimensión del desplome en el alcance de la renta gallega de inserción en la provincia es que solo en Vigo suma más personas que la cobran (1.512 en el 2024) que en la provincia de A Coruña.
Mujer de 35 años o más, el perfil que predomina entre los beneficiarios
El perfil medio de las personas que acceden a la risga en la provincia está consolidado. Dos de cada tres perceptores son mujeres —en el 2024, la cobraron 707 féminas y 398 varones— con una edad que supera los 35 años. Y en este último dato, la provincia coruñesa ofrece una singularidad respecto al resto. Mientras en Lugo, Ourense y Pontevedra se aprecia con nitidez cómo los beneficiarios se incrementan a medida que se avanza en los grupos de edad, de forma que el más numeroso es el de los de 55 años o más, en A Coruña esa división es más difusa. Así, entre los perceptores de la risga que tienen entre 25 y 54 años (20,42 % del total) y los de 55 o más (25,77 %) la diferencia apenas supera los cinco puntos. Y entre los de 34 a 44 años y los de 55 o más, ni siquiera llega a un punto, cuando en la provincia de Pontevedra los de este último grupo son el doble. En A Coruña, de los que la cobran el 57 % son solteros.
Arturo Parrado, director xeral de Inclusión: «A risga esixe seis meses de residencia legal en España, e o ingreso mínimo, un ano»
La Xunta, que gestiona la renta autonómica de inclusión social, señala como el principal motivo de que esta paga haya estabilizado su censo de perceptores en los últimos años el hecho de que algunos supuestos no encuentran cobertura en la normativa que regula el ingreso mínimo vital, y sí, en cambio, en la paga gallega. Arturo Parrado, director xeral de Inclusión en la Consellería de Política Social, refiere como ejemplo de esos casos en los que los solicitantes tienen un camino más sencillo para llegar a la paga social autonómica que a la estatal el que afecta a las personas que proceden de otros países. «Para acceder ao ingreso mínimo vital esíxese, con carácter xeral para as persoas estranxeiras, residencia legal en España de polo menos un ano de antelación ao momento da solicitude. En cambio, na risga, só se esixe a residencia legal de seis meses», precisa Parrado. Señala también las situaciones que abren la puerta a la posibilidad de conciliar las pagas estatal y gallega. «Hai que ter en conta que existe unha porcentaxe de persoas beneficiarias do ingreso mínima vital que teñen recoñecida unha prestación de baixa contía, e poden complementala ata a contía da risga que lle correspondería segundo as súas circunstancias persoais, sociais, familiares e económicas», detalla el responsable del departamento de inclusión social de la Xunta.
Miguel Fernández Blanco, Cáritas Santiago: «O ingreso mínimo está mellor dotado e a súa tramitación resulta máis doada»
el ingreso mínimo vital llega supera en Galicia los 30.000 perceptores, cifra que nunca alcanzó la risga, ni en su momento de eclosión. Miguel Fernández Blanco, responsable del programa de empleo de Cáritas Interparroquial de Santiago, señala que la paga estatal crece porque «está mellor dotado economicamente e a súa tramitación resulta máis doada». Mientras la renta social gallega permanece estancada en 400 euros mensuales, la estatal toma como referencia el salario mínimo (1.040 euros) y, en todo caso, nunca baja de 700. «O ingreso mínimo compatibiliza moi ben os ingresos que tes, porque os conta. Fai un cálculo anual. Entón, a risga quedou como unha pensión complementaria, para casos concretos nos que o ingreso mínimo vital non chega», explica Fernández.
Pero ni siquiera la existencia de dos pagas sociales garantiza la cobertura de todas las personas en situación de emergencia social. «Non chegan a todo o mundo, porque hai condicións. A risga, por exemplo, pide empadroamento. E as dúas pagas tamén plantexan problemas coas propiedades que poden ter as persoas», señala Miguel Fernández Blanco.
El principal motivo de denegación de solicitudes de la risga es la superación del umbral de ingresos por parte de la unidad de convivencia, seguido de la percepción de otra pensión no compatible.