Jueces y fiscales de Santiago se plantan ante la reforma de la Justicia del Gobierno central

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD

SANDRA ALONSO

El manifiesto aprobado en toda España se leyó a las puertas de los juzgados de Fontiñas

11 jun 2025 . Actualizado a las 17:42 h.

Los jueces y fiscales de toda España convocaron una jornada de paro para protestar contra las reformas que afectan a la Justicia que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) tiene en marcha y que tanto los magistrados como los miembros del ministerio público consideran una grave injerencia en su independencia frente al poder legislativo.

El seguimiento al paro fue masivo en Santiago, donde los jueces y fiscales se concentraron a las 12 horas a las puertas de los juzgados de Fontiñas. Fue allí donde se dio lectura al manifiesto por parte de la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, Ana Abraldes, y del fiscal jefe de área, Antonio Roma.

Secundando la protesta estuvieron caras muy conocidas del ámbito de la Justicia compostelana, como la jueza de instrucción Ana López-Suevos, los de lo penal Elena Fernández Currás y Luis Aláez, así como magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial, que es la que tiene su sede en Santiago. Otros no pudieron acudir porque se estaba celebrando en ese momento una vista oral.

Entre las reformas que prepara el Gobierno central que han suscitado la protesta está el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal. El primero, tramitado además por vía de urgencia de manera «injustificada» en opinión del colectivo, ha recibido un informe muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», recoge el manifiesto leído por Abraldes y Roma.

El segundo anteproyecto busca aumentar las competencias del fiscal general del Estado «quien, como jefe de todos los fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que incrementará, aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción», advierten.