Okupa un piso en la mejor calle de Santiago y alquila en Idealista las habitaciones que le sobran: «Voy a vivir de tu piso»

El colmo de los colmos en lo que a okupas se refiere está en pleno Ensanche de Santiago. Concretamente, en la que está considerada como la mejor calle de la capital de Galicia, Xeneral Pardiñas. Allí, en el primero derecha del edificio situado en el número 31, frente al selecto Aeroclub, un hombre de nacionalidad venezolana no solo se ha apoderado de un piso de 200 metros cuadrados, seis habitaciones, tres baños y dos terrazas, sino que ha llevado su descaro a la máxima expresión porque alquila a través de la plataforma Idealista cinco de las estancias al precio de 400 euros al mes cada una. Así que puede ganar una renta de 2.000 euros mensuales, todo en negro y eludiendo el control de la Agencia Tributaria. Mientras tanto, la propietaria, una jubilada de 78 años de edad, tiene que vivir con una pensión de poco más de 700 euros que complementa con la de viudedad. En total, unos 1.200 euros al mes. «Necesito la renta de este piso para vivir y no puedo afrontar todos los gastos que esto me está ocasionando», se lamenta la dueña, María Lago.

El okupa, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, no dio una patada a la puerta ni se coló por una ventana, llegó como inquilino, vestido de traje y diciendo ser médico. La agencia inmobiliaria a la que María Lago confió el alquiler del piso la llamó en diciembre del 2023 diciéndole que se pasara para firmar el contrato y ella, confiada, lo hizo. El arrendatario abonó el primer mes de renta, 1.100 euros, pero solo 400 de la fianza. «Lo dejamos pasar», relata la propietaria, que está pasando un auténtico infierno y confiesa estar «desesperada». En abril del 2024 dejó de pagar el alquiler y hasta hoy.

Cuando vieron que no abonaba la renta acordada, se pusieron en contacto con él e incluso se ofrecieron a ayudarle a buscar un piso más pequeño y económico. «Pero con toda la cara del mundo me dijo voy a vivir de tu piso», relata una hija de la dueña.

Lo que en ese momento no se imaginaba la perjudicada es que la amenaza era real. Lo descubrió cuando la convocaron a una junta de propietarios en la que se iba a debatir sobre unas obras de mejora del edificio. Allí, en aquella reunión, tuvo que escuchar quejas y reproches de sus antiguos vecinos, que le echaron en cara que hubiese convertido su vivienda en un piso turístico. «Le dijeron que estaban hartos, que no paraba de entrar y salir gente, muchas veces borrachos, y de molestar haciendo ruido», explica una hija de la perjudicada.

El contrato que firmó María con el inquiokupa —esa modalidad de okupa que comienza siendo un inquilino— finalizó en junio, por lo que le llamaron y, además de reclamarle lo que debía, le pidieron que dejara libre la vivienda. «Nos dijo que ni iba a pagar ni se iba a marchar, que se había asesorado y que del piso no le echábamos», señala. Y así es. El juicio para el desahucio está señalado para el día 9, pero es muy posible que se suspenda porque el intruso ha solicitado un certificado de vulnerabilidad al Concello. «Se las saben todas y se ríen de todo, nos toman el pelo», se queja.

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La propietaria paga con su pensión la luz, el agua y la calefacción que consume el intruso

María Lago trabajó toda su vida como autónoma. En su día, dejó el piso en el que ella, su marido y sus hijos habían vivido juntos en Xeneral Pardiñas, y se mudó a Ames. Como sabía que tendría una pensión pequeña, su idea era complementar su jubilación con las rentas de esa vivienda. El okupa que se ha apoderado de su inmueble ha truncado todos sus planes y la ha colocado en una situación económica muy complicada. Por no hablar de la psicológica. «Está enferma del corazón y todo esto le está afectando muchísimo», advierte una de sus hijas.

Y es que, más allá de que el okupa no paga la renta y de que ya le debe unos 9.000 euros, María tiene además que hacer frente a todos los gastos de suministros. Con su pensión de unos 750 euros y el complemento de viudedad tiene que seguir pagando todos los meses la comunidad, en la que va incluida la calefacción y el agua caliente que usan el okupa y las personas a las que alquila las habitaciones. Son unos 250 euros al mes. Además, también sigue abonando las facturas de la luz y del agua. Y no son pequeñas, porque en su piso viven muchas personas.

Y para más inri, en esa reunión de la comunidad en la que se enteró de que el inquiokupa estaba haciendo negocio alquilando las cinco habitaciones libres de la vivienda, se aprobaron unas obras de reforma en el edificio por las que tiene que pagar una derrama de unos 5.000 euros. Una situación que la ha llevado al límite y su familia teme por su salud. «La estamos ayudando económicamente porque ella ya no puede hacer frente a esos gastos. Nos da miedo que le pase algo por la preocupación», señala su hija.

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