Fiscalía cierra el juicio de Hostelería de Santiago rebajando a tres años de cárcel la pena para José Manuel Otero
SANTIAGO CIUDAD
Cuatro acusados aceptan condenas mínimas que les permiten eludir la prisión
06 oct 2023 . Actualizado a las 22:29 h.El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por el caso de las facturas falsificadas en la Asociación de Hostelería de Santiago para percibir subvenciones de la Diputación de A Coruña y la Xunta ha llegado a su fin. Y lo ha hecho con una nueva rebaja de penas por parte de la Fiscalía. El exgerente, Andrés Condide Viaño, el que era presidente de Restauración, Jesús Sordo García, y los dos responsables de las empresas que se prestaron al chanchullo aceptaron la pena que les pidió la Fiscalía, que la ha rebajado al final de la vista a 21 meses de cárcel y 1.200 euros de multa para los dos primeros y a dos meses de cárcel y 480 euros de multa para los dos segundos. El ministerio público les ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión.
Como todo hacía indicar, el que fue uno de los tesoreros, Manuel Paz Paz, ha quedado absuelto porque la fiscala ha dado por válidos los testimonios ofrecidos en el juicio en el que le exculpaban de la estafa. Todos indicaron que firmó las facturas sin conocer lo que hacía porque en aquel tiempo estaba enfermo, pendiente de un trasplante y con constantes ingresos hospitalarios.
De este modo, tan solo dos de los siete acusados se exponen ahora a ingresar en prisión. Son el que era el presidente, José Manuel Otero Romar, y el tesorero de la sección de Hostelería, Ramón Carril Rial. A ambos el ministerio público les pide penas sustancialmente menores de las iniciales, porque también les aplica la atenuante de dilaciones indebidas, pero que quedan en tres años de prisión y 1.920 euros de multa para cada uno, por lo que se arriesgan a tener que ingresar en la cárcel en caso de ser condenados.
En sus conclusiones, el ministerio público ha insistido en la versión que ha mantenido a lo largo de todo el juicio: que todos los acusados se concertaron y que, puestos de común acuerdo, decidieron hablar con empresas amigas para que les hicieran facturas por servicios no prestados con el objeto de pedir subvenciones e ingresar ese dinero en las arcas de la entidad, que estaba en aquel momento atravesando una pésima situación económica.
La Fiscalía sostiene que el conflicto que dividió por completo a la asociación no se debió a estas facturas falsas y a este fraude en la petición de subvenciones, en el que insiste en que todos estaban de acuerdo, sino que surgió con posterioridad y se debió a la lucha interna entre los que, como Otero, querían primar a las grandes empresas y los que, como Condide o Sordo, defendían a los pequeños y medianos negocios. Tampoco ve creíble el ministerio público que el presidente y el tesorero firmasen sin saber a qué le daban su visto bueno. «No es para firmar sin mirar una factura de este importe», subrayó la fiscala, que añadió: «Pueden no mirar facturas de nóminas o de la luz, pero no de este tipo y de estos importes cuando además la asociación estaba tan mal de dinero».
En cuanto a la propia Asociación de Hostelería, que esta personada como responsable civil, su letrado acusó a Otero Rial de buscar «el cierre» de la entidad y que «no imaginó que esa denuncia acabaría de esta manera». Resaltó que el que era presidente llevaba desde 1999 en la entidad como vocal y vicepresidente y que conocía a la perfección la dinámica de facturas. Por ello, considera que deben ser los acusados los que hagan frente a las indemnizaciones y en ningún caso la organización empresarial.
El expresidente, al tribunal: «No voy a aceptar algo que no he hecho»
La vía más fácil para José Manuel Otero habría sido llegar a un acuerdo con la Fiscalía, como han hecho cuatro de los acusados, y no exponerse a ingresar en prisión, pero él ni tan siquiera lo consideró. Cuando le llegó el derecho a la última palabra hizo uso de ella y fue tajante: «No voy a aceptar algo que no he hecho». En su opinión, que él esté sentado en el banquillo es «el mundo al revés» y «un insulto a la inteligencia». Su abogado también incidió en esta idea en su informe final ante el tribunal, en el que resaltó que no es creíble que se compinchase con el que era su enemigo, el exgerente, Andrés Condide. «Conocía el riesgo que corría y no consintió en ningún pacto y dio instrucciones de que no lo hiciéramos», añadió.
Tanto la defensa de Otero como la del extesorero Ramón Carril negaron que existiera una estafa y rechazaron en todo momento que ellos quisieran falsear facturas. Entre otras cosas, y al contrario que la Fiscalía, sostienen que los servicios realmente se prestaron. Es decir, que se hicieron las jornadas de promoción del Camino Inglés y que se cambió la iluminación de la sede de la asociación.
Una afirmación que, sin embargo, no coincide con la versión de los dueños de dos empresas que fueron contratadas para esos asuntos, que han reconocido ante la sala que los servicios no se prestaron y que devolvieron el importe ingresado a la asociación porque el fin era que Hostelería pudiera solicitar ayudas públicas y quedarse con ese dinero para equilibrar sus maltrechas cuentas.