Los peritos detectaron un cruce de facturas «al céntimo» entre Hostelería de Santiago y los proveedores

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

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La exdirectiva de la Asociación de Hostelería de Santiago, en una de las sesiones del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial
La exdirectiva de la Asociación de Hostelería de Santiago, en una de las sesiones del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial Sandra Alonso

El expresidente de la entidad, José Manuel Otero, intenta demostrar en el juicio que no sabía nada de la falsificación

05 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

El juicio por las facturas falsas que emitió la Asociación de Hostelería de Santiago para recibir subvenciones de la Diputación de A Coruña y de la Xunta con la verdadera intención de utilizar ese dinero para sanear las maltrechas arcas de la entidad llega a su fin. La penúltima jornada fue el turno de los peritos que tuvieron que analizar las cuentas de la organización empresarial, el último paso antes de que Fiscalía y defensas presenten sus informes y conclusiones y el caso quede visto para sentencia.

Los peritos de la Diputación de A Coruña se ratificaron en el informe que presentaron en su día en el cual concluyen que la factura de la campaña de promoción del Camino Inglés no corresponde realmente a ningún servicio prestado. Aquellas jornadas se llevaron a cabo, sí, pero entienden que su coste estaba ya cubierto por un convenio con Turgalicia y que el cruce de facturas con sus proveedores fue «al céntimo». Es decir, que como ya ha quedado claro en la vista oral, Hostelería emitió una orden de pago, pero recibió después ese mismo dinero. Por tanto, no hubo gasto subvencionable.

Las defensas de los dos únicos acusados que no han llegado a acuerdos con la Fiscalía, la del expresidente de Hostelería José Manuel Otero Romar y la del que fue su tesorero, Ramón Carril Rial, quisieron profundizar en el hecho de que los servicios contratados con las facturas falsas sí se prestaron efectivamente, algo que niega la Fiscalía y que los peritos no aclararon porque no entraron en esa cuestión. Los técnicos de la Diputación se limitaron a constatar que la empresa Estelatur SL, creada por la Asociación de Hostelería, no podía facturar con su matriz porque no se les había consultado y la entidad provincial no lo autorizó, como exige la ley. Además, los técnicos señalaron que requirieron por dos veces a los proveedores implicados en el asunto para que justificaran su actividad y no aportaron la documentación requerida.

De los otros cinco acusados, cuatro se han declarado culpables y han pactado condenas con la Fiscalía. Son el exgerente, Andrés Condide Viaño, el expresidente de la directiva de Restauración, Jesús Sordo García, y los responsables de una empresa de ocio y otra de electricidad. Los dos primeros han declarado ante el tribunal que falsificaron las facturas para salvar a la asociación, que atravesaba por graves problemas económicos, y que todos los acusados, excepto el tesorero Manuel Paz Paz, eran conocedores de la estafa. Él probablemente será absuelto porque en aquellos años estaba pendiente de un trasplante y todos coinciden en que firmó sin saber lo que hacía.

Ante esta manifestación, las defensas de Otero y Carril se han centrado en intentar demostrar que ellos no conocían la estafa, que firmaron las órdenes de pago sin conocimiento de la situación y que el verdadero responsable de todo es el exgerente. En esa línea, han presentado a la sala a dos peritos, contratados por la defensa de José Manuel Otero, que aseguran que, del estudio de las cuentas y facturas de las subvenciones, se deduce que el expresidente «fue ajeno a lo que ocurrió allí». Una afirmación que les ha afeado la Fiscalía y que tiene el valor que tiene, ya que lo extraño sería que unos técnicos pagados por Otero concluyeran que es culpable.