Un testigo llamado por Otero al juicio de Hostelería dice que el expresidente quiso convertir la asociación «en un lobi que influyera en política»
SANTIAGO CIUDAD
El exsecretario Diego Moreno culpa de negarles información al gerente, que ha confesado la falsificación de las órdenes de pago y dijo que todos los acusados estuvieron de acuerdo
29 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio por las facturas falsificadas en la Asociación de Hostelería de Santiago para recibir subvenciones revive en cada jornada la guerra civil que estuvo a punto de destruir la entidad empresarial. En el 2013 y el 2014, las directivas de las dos secciones, Hospedaje y Restauración, protagonizaron un monumental choque de trenes que acabó con denuncias anónimas —aunque cualquiera puede ponerles nombre— en la Fiscalía sobre las ilegalidades que ahora enjuicia la sección compostelana de la Audiencia Provincial y por las que están sentados en el banquillo el expresidente José Manuel Otero Romar, Andrés Condide Viaño (gerente) y otros tres directivos: Ramón Carril Rial, Manuel Paz Paz y Jesús Sordo García.
Tras la confesión del gerente y del que fue presidente de Restauración, Jesús Sordo, que admitieron la estafa, pidieron perdón e implicaron a todos los acusados, las defensas de Otero y Carril —que fue tesorero de Hospedaje— se han centrado en intentar demostrar que sus patrocinados no conocían la falsificación de las facturas, que firmaron sin saber qué hacían y que el responsable del amaño para lograr los fondos que necesitaba la entidad por estar al borde de la quiebra fue únicamente Condide.
Para reforzar este argumento, la defensa de Otero llamó a declarar en la tercera jornada del juicio a cinco testigos, a los que les preguntó por el clima de enfrentamiento que en aquellos años se vivía en la entidad empresarial. Cuando le preguntaron por el motivo de esa guerra interna a Diego Moreno, que entre el 2010 y el 2015 fue vocal y secretario, afirmó: «Otero quería convertir la asociación en un lobi que influyera en la política». Una respuesta que, con la perspectiva que dan los años, explica bastante bien por qué los dueños de bares y restaurantes, como también los pequeños hoteleros dueños de negocios, se pusieron en contra de Otero Romar, dueño de la cadena Pousadas de Compostela, y que estaba apoyado por los directores de las grandes empresas hoteleras presentes en la ciudad.
Moreno estuvo de parte de José Manuel Otero en aquel enfrentamiento y demostró con su testimonio que le sigue siendo fiel, ya que dijo al tribunal que «lo que le está pasando» al expresidente de Hostelería «es una injusticia» porque, en su opinión, él es inocente, no sabía que las facturas que firmó se falsificaron con el objetivo de engañar a la Diputación de A Coruña y a la Xunta para recibir unas ayudas que no se iban a gastar —al menos, no en su totalidad—. Es más, señaló al gerente como el responsable de ese asunto y dijo que cuando Otero reclamó información porque tenía sospechas del funcionamiento de la entidad se las negaron.
La defensa de Otero Romar también llamó a declarar como testigo al que fue asesor jurídico de la Asociación de Hostelería, Evaristo Rodríguez Carracedo, que admitió que sigue trabajando para él como letrado en numerosos asuntos. De sus respuestas también quedó claro de qué parte estuvo él en la guerra que sufrió la entidad, ya que presentó un relato en el que describía a un Otero preocupado porque le ocultaban información que él reclamaba sin éxito.
El letrado admitió que en aquel momento hizo informes sin firmar y sin fechar que solo le había solicitado Otero y para que él pudiese defender ante la junta directiva de la asociación su derecho a recibir la información que pedía, un hecho que destacó la Fiscalía para poner en evidencia la parcialidad del testigo, que tras la salida de su cliente de Hostelería ha incluso presentado pleitos contra la entidad.
Aunque con menos ardor, el que fue director del Hostal dos Reis Católicos, Julio Castro, también corroboró que a José Manuel Otero le negaban información y que estaba preocupado por el «ocultismo» que, sin señalarle directamente, sí dijo que creía que era atribuible al que era gerente. Otro exsecretario de Hostelería, Juan García Tomé, puntualizó que la decisión de prohibir entregar documentación al que era presidente fue tomada por toda la directiva de Restauración y que se debía a que no se estaban siguiendo los procedimientos correctos, de ahí que incluso enviase una orden por escrito para zanjar la cuestión.
También testificó el que fue director de comunicación de la asociación, Aser Álvarez, que dijo no tener ninguna constancia de que se falsearan facturas, en la línea de lo que anteriormente dijeron el resto de trabajadores de la entidad.
La renuncia a testigos acelera los plazos
Desde que comenzó el juicio, las defensas de José Manuel Otero Romar y Ramón Carril Rial, que no han admitido los hechos y no se han declarado culpables, han tratado de hacer hincapié en el enfrentamiento que había en la Asociación de Hostelería, algo que se aparta ligeramente del núcleo del caso, cuyo eje es si ambos se concertaron o no con los directivos que han confesado para falsificar facturas y que el dinero de unas subvenciones fuese a parar a las maltrechas arcas de la entidad. El magistrado presidente del tribunal les ha cortado en numerosas ocasiones advirtiéndoles de lo innecesario de seguir en esa vía, lo que ha hecho que los letrados acaben renunciando a muchos de los testigos que habían citado.
Tantos han sido los testimonios finalmente desechados, que los plazos del juicio han acabado acortándose de forma notable, de manera que esta semana ya no habrá más sesiones. La previsión es que el 4 de octubre declaren el resto de testigos que quedan y también lo hagan los peritos y que al día siguiente se cierre la vista. Será el momento en el que se conocerá la rebaja de penas que hará la Fiscalía a los cuatro acusados que han confesado y a Manuel Paz, que todo apunta a que será absuelto.