Los extrabajadores de Hostelería desconocen si la directiva y el gerente acordaron falsear facturas para pedir subvenciones
SANTIAGO CIUDAD
El tribunal advierte a la defensa del expresidente, José Manuel Otero, que el juicio «no es una auditoría del funcionamiento de la asociación»
28 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El segundo día del juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Provincial en Santiago por las facturas falsificadas en la Asociación de Hostelería para pedir subvenciones a la Diputación de A Coruña y a la Xunta no ha dejado las sorpresas de la primera jornada, en la que el exgerente, Andrés Condide Viaño, el expresidente de la directiva de Restauración, Jesús Sordo García, y los representantes de dos empresas, una de ocio y otra de electricidad, admitieron que los acusados en esta causa, de mutuo acuerdo, decidieron falsear recibos para recibir ayudas públicas sin prestar servicios y lograr así un dinero que la entidad necesitaba porque atravesaba una precaria situación económica. El más rotundo fue Condide, que confesó ante la fiscala y le dijo: «Todos eran conocedores, yo también, y pido perdón». En ese «todos» incluye a los acusados que niegan su participación en la estafa, el que era presidente, José Manuel Otero Romar, y uno de los tesoreros, Ramón Carril Rial. Al único al que todos exculparon fue a Manuel Paz Paz, también tesorero, que en aquella época tenía continuos ingresos hospitalarios porque iba a someterse a un trasplante y todos los acusados coinciden que firmó las órdenes de pago sin tener conocimiento de qué hacía.
En la sala declararon como testigos trabajadores de la asociación, algunos que ya no están en la entidad y otros que siguen en ella. Todos dijeron desconocer si el gerente y los directivos, como sostiene la Fiscalía, actuaron de mutuo acuerdo y se concertaron para falsificar unas facturas con la única intención de recibir unas subvenciones que no iban a gastarse. En concreto, las ayudas que están enjuiciándose son una de la Diputación por un proyecto de desestacionalización del Camino Inglés y otra de la Xunta para financiar la instalación de luces led en la sede de la entidad empresarial.
Las defensas de Otero y Sordo intentaron hacer ver con sus interrogatorios que toda la culpa de las facturas falsas recae en el exgerente y que ellos se limitaron a firmar las órdenes de pago sin tener un verdadero conocimiento de lo que hacían. Para ello, centraron sus preguntas en señalar a Condide como el que controlaba la asociación, que todos los empleados acataban sus órdenes y que él actuó solo, sin su permiso, cuando decidió falsificar las facturas. También incidieron en la mala relación entre ambos y en que al expresidente le negaban información. Tanto insistieron en esta línea que el magistrado presidente del tribunal, Ángel Pantín, les advirtió una y otra vez de la necesidad de centrarse en el objeto del juicio y llegó a decirles: «Esto no es una auditoría del funcionamiento de la asociación, si tienen conocimiento de más delitos, vayan al juzgado de guardia».
Tampoco lograron demostrar que el exgerente actuó por su cuenta y sin su permiso, ya que el hecho de que Andrés Condide fuera el que estaba al frente del día a día de la asociación, que daba órdenes a los trabajadores y que era el que proponía a la junta directiva qué subvenciones solicitar no deja de ser algo intrínseco a su cargo, que tiene entre sus funciones llevar la gestión administrativa de la entidad. Cosa bien distinta es, y eso es lo que debe dirimirse en la vista oral, si el expresidente y el extesorero que no reconocen los hechos dicen la verdad y el exgerente solo les implica por las malas relaciones y los enconados enfrentamientos que todos ellos mantuvieron en los años posteriores al 2011, cuando se inicia el caso de las facturas falsificadas.
Como los otros acusados (salvo Manuel Paz) han reconocido el relato de hechos que hace la Fiscalía y han pedido perdón, sus abogados han renunciado a todos los testigos que habían citado. En la segunda jornada han hecho lo propio las defensas de José Manuel Otero y Ramón Carril con un buen número de personas citadas para ofrecer su testimonio. Entre las que ya no han tenido que declarar está Sara Santos, expresidenta de Hostelería bajo cuyo mandato se reflotó y normalizó la asociación y que después dejó el cargo al actual responsable, Thor Rodríguez.