Piden 13 años de cárcel para un funcionario de la Agencia Tributaria de Santiago que modificó declaraciones para quedarse con dinero
SANTIAGO CIUDAD
La Fiscalía le acusa de estafa, falsificación en documentos mercantiles y públicos y blanqueo de capitales
31 may 2023 . Actualizado a las 12:53 h.Doce años y once meses de cárcel, casi 160.000 euros en multas y devolver los 11.900 euros presuntamente estafados a la Agencia Tributaria (AEAT) y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a la entidad que ofrece préstamos Cofidis. Esa es la pena que la Fiscalía solicitará para el funcionario de la AEAT de Santiago acusado de haber modificado declaraciones de empresas y particulares para quedarse con dinero y de utilizar datos de un compañero de trabajo para pedir créditos por valor de 33.500 euros que no devolvió.
El procesado tendrá que sentarse el próximo miércoles en el banquillo de la sección sexta de la Audiencia Provincial, la que tiene su sede en Compostela. Se trata de un funcionario que trabajaba como gestor informático de la Agencia Tributaria en las oficinas de la ciudad, situadas en la explanada de Salgueiriños al que el ministerio público acusa de haber creado una identidad falsa con la que abrió dos cuentas bancarias y dio de alta tres líneas telefónicas. Después, aprovechando su condición de funcionario público asoció, siempre según el fiscal, el DNI a un número de identificación fiscal con el que accedió a diversos expedientes tributarios tramitados en la delegación santiaguesa de la AEAT.
En concreto, entre diciembre del 2014 y julio del 2015, el acusado habría modificado las declaraciones presentadas por Uncisa Construcciones e Infraestructuras SAU, Editorial Compostela SL, Santiago Sur Galicia SL y dos particulares solicitando devoluciones que en total sumaron 11.900,79 euros, cantidad que ingresó en una cuenta bancaria de su titularidad de la que, para introducir ese dinero en el circuito monetario y financiero legal, fue haciendo periódicas y continuas extracciones y transferencias entre el 6 de mayo del 2014 y el 6 de julio del 2018 por un valor total de 51.474,52 euros.
Además, la Fiscalía señala que el 18 de septiembre del 2017, usando la identidad ficticia que había creada, solicitó a través de un canal de banca electrónica un préstamo mercantil por valor de 31.000 euros. E incluso empleó datos y documentos de un compañero de trabajo, del cual presuntamente llegó a falsificar la firma, para pedir otros dos créditos por valor de 24.000 y 9.500 euros.
La Fiscalía entiende que el acusado es responsable de un delito continuado de estafa en concurso medial con otro de falsificación en documentos mercantiles y públicos por el que le reclama siete años de cárcel y 5.040 euros de multa. También le pide otros cinco años de prisión y multa de 154.423,56 euros por blanqueo de capitales y once meses más por cinco accesos no autorizados al sistema de información por parte de funcionario público.