Diputación y Concello de Santiago compartirán el uso de la Casa da Xuventude, que albergará un centro coworking especializado en el metaverso
SANTIAGO CIUDAD
Un concurso de ideas aportará las claves para recuperar el edificio con una inversión inicial de 1,3 millones de euros
14 abr 2023 . Actualizado a las 14:10 h.La Casa da Xuventude se convertirá en un espacio de coworking tecnológico especializado en el ámbito del metaverso para promover la iniciativa empresarial joven en ese campo, además de funcionar como una delegación de la Diputación de A Coruña en Santiago y de albergar también dependencias municipales. Esa es, en esencia, la entidad del acuerdo que han negociado la institución provincial y el Ayuntamiento para recuperar ese equipamiento, que también abrirá su auditorio (con 250 butacas) para los vecinos del casco histórico y el barrio de San Pedro, aparte de albergar iniciativas culturales, entre ellas las promovidas por la propia Diputación.
El acuerdo, que la Xunta de Goberno validará el próximo lunes, implica la cesión del edificio a la Diputación por 25 años. Ella se encargará de la rehabilitación y adaptación del edificio a sus nuevas funciones, valorada inicialmente en 1.346.000 euros, según precisó esta mañana el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSOE), en la presentación del proyecto que hizo en el pazo de Raxoi junto con el presidente de la corporación provincial, Valentín González Formoso. La Diputación asumirá la mayor parte de ese gasto. El Concello aportará un máximo de 360.000 euros y el resto, inicialmente 986.000 euros, correrán por cuenta de la Diputación, que también asumirá los sobrecostes que puedan derivarse de la ejecución de un proyecto que con los equipamientos que precisará la actividad del edificio podría superar los dos millones de euros.
El Ayuntamiento tendrá también un espacio propio, en concreto, en la segunda planta del inmueble, aunque todavía no ha decidido a qué la dedicará. La Diputación sí que ha definido ya el destino del espacio que le corresponderá en el reparto que define ese acuerdo, que se firmará próximamente. Además de instalar el coworking tecnológico en la primera planta, habilitará la baja para el servicio de recaudación provincial y para una oficina de representación de la entidad en la ciudad.
El bajo cubierta será compartido entre ambas instituciones, aunque su uso posiblemente se destine a almacenes, toda vez que sus dimensiones quedarán reducidas por el rebaje de la altura que conllevará la rehabilitadora del edificio.
La intervención para recuperar el inmueble, que no volvió á abrir tras su clausura durante la pandemia, precisamente por su mal estado, será objeto de un concurso de ideas. Este habrá de aportar la solución para la recuperación del equipamiento, aunque se pretende que también diseñe una conexión a través del propio edificio con el parque de Belvís, con lo que este se abriría al casco histórico también a través de la Praza do Matadoiro. Con todo, el Concello cuenta con la colaboración del inmueble colindante para abrir un acceso retranqueando el muro de su finca, si fuese el caso, según apuntó la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, quien acompañó a Formoso y Bugallo en la presentación del acuerdo.
Ambos mandatarios coinciden en que la intervención en el inmueble podría arrancar a principios del 2024. Todo este año se precisaría para convocar el concurso de ideas, resolverlo, redactar el proyecto y licitar las obras.
La oposición rechaza los usos y cuestiona un acuerdo a dos meses de las elecciones
El anuncio del acuerdo provocó reacciones inmediatas de las demás formaciones políticas de Raxoi. En un caso, por apostar por la piqueta frente a la rehabilitación (PP). En los demás (CA y BNG), por apostar por otros usos y cuestionar el momento, a dos meses de las elecciones. Por los populares, su candidato, Borja Verea, afirma que los compostelanos tendrán ocasión de decidir en mayo «se queren derribar» el edificio «e conseguir un gran acceso ao parque de Belvís, a través dun espazo comunitario verde e social», o gastarse «un ou dous millóns para manter a mesma instalación».
CA, que defiende el uso «participativo e aberto aos colectivos sociais e culturais» que la formación promovió en el inmueble en su mandato, cuestionó que Formoso y Bugallo decidan a dos meses de las elecciones el destino del edificio por 25 años. «Mostra a súa nula calidade democrática», dice María Rozas, mientras que la nacionalista Goretti Sanmartín, contraria a que la casa tenga usos administrativos provinciales, habla de un acuerdo adoptado con «escurantismo, sen contar coa veciñanza, co asociacionismo e cos demais grupos».