La Fiscalía pide cinco años de prisión y multa de 2,5 millones de euros para un acusado de fraude a la Seguridad Social

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Sede de la Seguridad Social en Santiago
Sede de la Seguridad Social en Santiago XOAN A. SOLER

Considera que el imputado manejaba un entramado de asociaciones con el objetivo de obtener subvenciones públicas

17 mar 2023 . Actualizado a las 19:25 h.

La sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, ha reservado tres días de la próxima semana, del miércoles al viernes, para celebrar la vista oral de un caso de presunto fraude a la Seguridad Social por el que la Fiscalía solicita para la única persona acusada, en sus calificaciones provisionales, una pena de cinco años de prisión y multa de 2.249.728 euros, así como igual cantidad por el mismo concepto a cinco entidades también acusadas. Las diligencias fueron instruidas por el juzgado número uno de Santiago, que dirige la magistrada Ana López-Suevos.

Según el relato de la acusación pública, entre los años 2012 y 2015, el acusado —del que no revela la identidad— «con ánimo de defraudar los intereses de la Seguridad Social», utilizando un entramado de siete empresas o asociaciones en las que participaba, generó una deuda que asciende a 749.909.32 euros. Asimismo, la Fiscalía acusa a cinco asociaciones, «cuya dirección y organización estaban en manos» del mismo acusado, de generar una deuda, durante igual espacio de tiempo, de 693.488,55 euros.

Según la acusación pública, las entidades manejadas por el acusado tenían como principal objetivo la consecución de subvenciones y ayudas estatales o autonómicas para el ámbito rural gallego. «Sabedor de que para optar a las referidas subvenciones las asociaciones optantes tenían que estar al corriente de pago en la Seguridad Social, trasvasó la actividad y los empleados de unas a otras para concurrir a dichas subvenciones, evitando de esta forma hacer frente al pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores».

La Fiscalía califica los hechos de fraude a la Seguridad Social, por lo que pide cinco años de prisión y multa de 2.249.728 euros para el acusado, e igual cantidad para cinco personas jurídicas.