La concejala de Facenda de Santiago se justifica: la compensación de deudas es un proceso «moi mecánico»
SANTIAGO CIUDAD
Marta Abal asegura que cuando firmó el expediente de Desproi no se dio cuenta de quien era esa empresa
02 feb 2023 . Actualizado a las 23:13 h.La concejala de Facenda de Santiago, Marta Abal, explicó ayer que cuando el 2 de junio del 2022 firmó el expediente de compensación de deudas con la firma Desproi no tuvo conciencia de quién era esa empresa. Fue un expediente más de los que rubrica cada jornada: «Eu firmo tantas cousas que non me quedo co nome dos afectados. Iso é matematicamente imposible», asegura. De ahí que no se encendiesen las alarmas en el gobierno municipal al aparecer el nombre de Desproi como deudora del Concello, meses después de haberle arrendado un local para alojar a Medio Rural y Parques e Xardíns. Abal señala que la compensación la rubrica ella, y no pasa ya por la junta de gobierno local.
Añade además que un expediente de compensación de deuda es muy mecánico, y ella lo firma porque la prestación se ha realizado y los pagos están fiscalizados, por lo que no queda otra que acometer ese procedimiento que plantea la Tesorería municipal: «Isto é superautomatizado. Hai débedas aquí comigo e che teño que pagar estas facturas? Pois iníciase un expediente de compensación». Dijo que entre todos los documentos que firma a diario hay compensaciones de deuda, pero no son habituales: a veces son con particulares, y otras con empresas. «Neste caso cando firmei a compensación, no ano 2022, teño que recoñecer que igual me soa máis o aluguer de Salvador Allende, porque o teño aquí ao lado e temos aquí as oficinas. Pero, Desproi?»
Abal defendió que cada servicio municipal realiza su trabajo en el ámbito de sus competencias, y considera que «a nivel de fiscalización nunca houbo un control tan férreo como a día de hoxe, polo propio acordo do pleno cando decidiu hai un ano incorporar o control financeiro permanente». ¿Cómo explica que el Concello contratase entonces con quién tenía deudas con las propias arcas municipales? Porque señala que el contrato de alquiler es de carácter patrimonial, y queda excluido de la ley de contratos del sector público. No era requisito imprescindible, por tanto, la certificación de estar al tanto de las obligaciones tributarias: «Os servizos municipais informaron o que tiñan que informar e a xunta de goberno local adoptou o acordo [de contratar el alquiler a Desproi] coa información técnica correcta e oportuna». La concejala de Facenda apunta la posibilidad de reforzar los requerimientos al impulsar un contrato, aunque de forma razonable para evitar ralentizar la maquinaria municipal, indicando que tal vez sería suficiente una declaración responsable.
En relación al caso Pichel, desde el BNG la portavoz municipal Goretti Sanmartín aludió al «silencio cómplice» del alcalde, porque conocía la deuda de Desproi con el Concello santiagués antes del pleno, y pese a que el Bloque preguntó si se había comprobado en el expediente que la empresa estaba al corriente de todas sus obligaciones (entre ellas, no tener deudas con la administración) «o alcalde calou á mantenta, porque xa tiña información de que a empresa Desproi tiña débedas co Concello e, por tanto, ese contrato non podía producirse», aseveró. Aludió al distinto trato a Desproi frente a empresas, comercios y personas que no pudieron contratar con el Concello, recibir ayudas o beneficiarse de acciones por tener deudas con él.
El portavoz socialista, Sindo Guinarte, negó ocultación, indicando que ninguna interpelación recogía preguntas sobre la deuda.
El Ayuntamiento pedirá el certificado de carencia de deudas para cualquier contrato
El Ayuntamiento empezará a pedir que se justifique la ausencia de deudas con la administración para todo tipo de contratos, una vez advertido el «error» que llevó a que se concertase un alquiler con Desproi pese a ser esta una empresa deudora con Raxoi. Sea cual sea la legislación por la que se rijan esos contratos «hai que empezar por pedir ese documento», apuntaba ayer el alcalde en Voces de Compostela, de Radio Voz.
Sánchez Bugallo expuso que la contratación de alquileres nunca se hizo por concurrencia pública, en la que ese certificado es ya un requisito, sino a través de propuestas motivadas de que esos eran los locales adecuados y de que el precio respondía al del mercado. Si el procedimiento fuese otro, en el que sí hay que presentar ese certificado, «este tema teríase detectado». No fue el caso, pero insiste en que tanto las áreas de Intervención como Tesorería «cumpriron separadamente a súa función» y que si se llegó a contratar con una firma deudora fue por un error de información y descoordinación entre servicios municipales.
Afirma el regidor que, en cualquier caso, puede llegar un momento en el que una empresa con la que se contrató pueda generar una deuda con el Concello y que en ese caso lo que procede es la cancelación de la deuda sin que eso implique una rescisión del contrato. «Outra cuestión é que se iso se houbese descuberto no primeiro momento, xa non se chegaría a firmar» el contrato. Bugallo reitera que conoció esa deuda hace apenas dos semanas y admite que fue un error no informar de inmediato, pero defiende que se está facilitando a la oposición la información que demanda y que no está «no meu interese ocultar os erros detectados no funcionamento da administración, senón recoñecelos, aceptar a responsabilidade que poida derivarse deles e tomar as medidas máis axeitadas para evitar que isto se volva repetir». Y cuestiona que el objetivo de la oposición sea corregirlos, sino «obter rendabilidade política».