Bugallo justifica por la desconexión entre servicios municipales el contrato a Desproi pese a su deuda con el Concello
SANTIAGO CIUDAD
Constenla apunta un trato de favor hacia la firma de un gobierno local en que «prevalece más el interés socialista que el social»
31 ene 2023 . Actualizado a las 14:49 h.El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, justificó el contrato del Concello con la empresa Desproi (en cuyo accionariado figuraba el exconcejal José Manuel Pichel), pese a sus importantes deudas con las arcas municipales, por «unha certa desconexión entre diferentes servizos municipais. O coñecemento desa información o temos dende hai dúas semanas escasas, dende o punto de vista do goberno municipal», dijo. Bugallo insistió en que en el momento de la contratación «ese feito non era coñecido, e de feito non se fai constar. Ningún dos informes que acompañan ao expediente fai referencia a esa cuestión. Polo tanto, se tomou a decisión sen coñecer esa situación».
«O que si é certo, e tamén cómpre dicir, é que esta empresa non recibiu ningún euro do Concello», al indicar que todas las obligaciones devengadas estos meses fueron para amortizar una parte de su deuda, a través de un procedimiento de compensación como es obligación legal, aseveró. Explicó que son departamentos diferentes, ya que Tesorería no interviene en un procedimiento de contratación ni emite informe nunca, e Intervención no sabía de las deudas, y tampoco los integrantes de la junta de gobierno local.
Dijo que al hacerse efectivo el pago, con cierto retraso sobre el momento del contrato, la propia Tesorería tomó nota de las circunstancias «pero actúa de oficio. Tampouco comunica que hai esa situación, simplemente en lugar de pagar á empresa retén eses pagos para compensar esa débeda». Dijo que hubiera sido más grave haber ingresado fondos en las cuentas de la empresa: «Non se abonou nin un só euro nas contas da empresa, que nós teñamos coñecemento». Aseguró que no hay trato de favor hacia Desproi «de forma consciente».
El alcalde anticipa medidas en el Concello santiagués para que no se repita una situación así, informando con inmediatez: «Non me parece nada razonable que ata 16 meses máis tarde non teñamos esa información». Bugallo asegura que se está facilitando acceso a toda la documentación a la oposición: «Outra cuestión é que dende hai algún tempo administran a información para dala a contagotas segundo lles interese». Asegura en esa línea tener indicios de que conocían la situación de Desproi ya antes de Navidad y aguantaron al momento más oportuno para hacerla pública. Admitió que probablemente fue un error que no lo hiciese público el propio gobierno local “no primeiro momento no que o coñecemos”.
Dijo que todo se desencadenó el 16 de enero, y todas las decisiones que debían tomarse se fueron tomando (incluida la notificación a la empresa de que el 28 de febrero el Concello dejará las instalaciones): «Eu particularmente esta situación tomei coñecemento na semana seguinte». Ahora, dijo, «estamos revisando todos os documentos, toda a información que temos, e efectivamente esa información é correcta», en alusión a la deuda de Desproi con el ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz municipal del PP, José Antonio Constenla, explicó que el contrato del Concello de Santiago con Desproi, que alcanza ya 16 meses de duración y ha supuesto más de 100.000 euros, nunca se podría haber producido: «La Ley de Contratos del Sector Público establece específicamente para las corporaciones municipales la prohibición de contratar con empresas que no estén al tanto de sus obligaciones tributarias». Y subraya que la deuda no estaba aplazada, sino que el cobro de esos 172.743,72 euros había pasado ya a la vía de apremio. Constenla indica que la documentación facilitada al PP el pasado viernes no se incluía este decreto de compensación de deuda: «Esto no es más que poner palos en las ruedas de la función investigadora de la oposición», acusando a alcalde y grupo de gobierno de un «ocultismo absoluto».
«Para este gobierno parece que prevalece más el interés socialista que el social», preguntando a Bugallo si «en la gestión administrativa somos todos iguales o depende del carné de cada cual», para añadir que «mala información trasladamos a la ciudadanía cuando si la empresa es de los amigos de la UGT y del Partido Socialista pues entonces no les pedimos que paguen, ni que cumplan los requisitos que exige la ley, y les beneficiamos con contratitos que pueda haber, donde decimos que van a ser cuatro meses y acaban siendo por el momento 16». Dice que trasladar la sensación a la ciudadanía de un distinto trato «es terrible».
Considera el PP que Pichel es una cabeza de turco, pero «no es ni mucho menos el único responsable» político, incluyendo también a la junta de gobierno local que votó el contrato y la compensación de la deuda; a la concejala proponiente (Mila Castro) por no fijarse si en el expediente que llevaba a junta de gobierno se incluía el certificado de estar al tanto de las obligaciones tributarias; y al alcalde, «primer responsable de este barco que naufraga», aseveró.
La portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, dijo que los datos que trascendieron, de alquilar a una empresa con deudas con el Concello generan «unha grande alarma pública». Exige al gobierno local que aclare si las deudas eran anteriores o posteriores al contrato, y en todo caso, demanda que de no tener nada que ocultar «o primeiro que deberan facer desde o goberno local é achegar toda a documentación á Fiscalía e deixar que se investigue todo o acontecido arredor do contrato desa nave».