Pichel se va para no dañar al gobierno de Santiago y la oposición pide más explicaciones
SANTIAGO CIUDAD
El edil asume que cometió un error al no informar de que había tenido vinculación con Desproi, tras dar cuenta de un informe municipal que no vio incompatibilidad por su parte, pero sí un posible conflicto de intereses
19 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno municipal se quedó ayer temporalmente con ocho concejales. Tras la marcha en noviembre de Javier Fernández, ahora edil no adscrito, la polémica abierta esta semana por la contratación del alquiler del inmueble de Costa Vella donde desde hace más de un año se alojan las concejalías de Parques e Xardíns y Medio Rural se ha cobrado el acta del responsable de este último departamento, José Manuel Pichel. El concejal, que fue administrador solidario años atrás de la empresa propietaria de ese inmueble, Desproi Promociones S.L., y administrador único de Gaia, sociedad con acciones en Desproi hasta septiembre del 2021 (aunque inactiva desde que este entró en el gobierno local), presentaba formalmente su renuncia ayer.
Lo hacía después de apuntar en una rueda de prensa que, según el informe encargado al secretario municipal sobre esa cuestión, no había circunstancias que impidiesen contratar con Desproi ni se daba una situación de incompatibilidad por parte del edil, que participó en la Xunta de Goberno que tomó aquella decisión. Ese informe, no obstante, refería que sí puede considerarse la existencia de un conflicto de intereses aparente. Pichel niega «mala fe, réditos o enriquecimiento personal», pero asumió que había cometido «un erro considerable» al «non ter comunicado» al alcalde ni al gobierno «que tivera relación accionarial coa empresa propietaria do inmoble» y anunció que dimitía «porque non podo permitir que se cuestione a honorabilidade do goberno» y por «responsabilidade cun proxecto que non creo que deba, nin se mereza, quedar empanado por unha acción individual que a clase política decidiu aproveitar como pedrada a un goberno solvente, a un goberno con ideas e ilusión».
«Para evitar suspicacias»
«Para evitar suspicacias é mellor entregar a acta de concelleiro», dijo tras proclamar que no hubo intención de ocultación detrás de ese contrato, «como apuntan dende a oposición», sino procurar «o correcto funcionamento deses servizos públicos» y reubicarlos tras su desalojo de la estación de autobuses. El hasta ayer edil, que justificó su decisión como estrictamente personal, dijo querer al rural de Santiago y que se va «coa satisfacción» de haber trabajado por él y «coa conciencia tranquila». Pero también se va cuestionando el interés de la oposición. «Agora o útil é marchar sen facer ruído e para enxordecer un ruído molesto, interesado, partidista, sen fundamento real e sen compaixón e empatía», dijo, y animó al resto del gobierno a seguir trabajando.
La oposición reaccionaba ayer apuntando que la dimisión es lo que exigía la situación, pero también que esta no resuelve todas las dudas que le suscitan ese contrato y exige más explicaciones del alcalde. El PP sostiene que los compostelanos «non merecen un goberno que lles minta e que desvíe diñeiro para favorecer a amigos» y dice que esto «non pode quedar só na dimisión do concelleiro», pues «isto non é máis que a punta do iceberg e deberían depurarse máis responsabilidades».
Así lo defiende José Antonio Constenla, que reclama explicaciones de por qué no se incluyó en la documentación del acuerdo para alquilar el local el informe jurídico que sustenta esa adjudicación directa y por qué no se acudió a la concurrencia pública. Y pide que se dé cuenta también de las prospecciones del mercado que concluyeron en la elección de esas oficinas y el motivo por el que aún no se han licitado las obras en el recinto ferial de Amio para acoger esas concejalías.
Para CA, la dimisión «era inevitable», pero insiste en que el gobierno tiene muchas otras explicaciones que dar, como por qué se hizo una visita a la nave en cuestión cinco días antes de que se redactara el informe técnico sobre las necesidades de espacio. «Iso equivale —dice María Rozas— a que se lle pida un currículo a unha persoa para despois elaborar as bases para unha oposición á que se presenta». Para Rozas, las irregularidades en este caso «van máis alá da responsabilidade individual» de Pichel y entiende que el alcalde, que «hai 24 horas defendía ao edil e arremetía contra CA por ter denunciado a situación», también queda en evidencia.
«Toma a decisión que corresponde, a correcta», dice el alcalde desde Madrid
El alcalde reconocía ayer desde Madrid (está en Fitur) la dedicación y el trabajo del ya exedil en la concejalía de Medio Rural, pero indicaba que Pichel había tomado la decisión correcta. «Toma a decisión que corresponde, a correcta, era un erro importante e, por tanto, era necesario asumir a responsabilidade», decía Xosé Sánchez Bugallo, quien enfrenta su segunda crisis de gobierno en dos meses y a apenas cuatro de las próximas elecciones, en las que opta a la reelección. Pero, de momento, ha de completar su gobierno con la sustitución de José Manuel Pichel. Le corresponde hacerlo a Begoña Rodríguez Rodríguez, licenciada en Química y funcionaria de la Xunta en Medio Ambiente, quien ocupa el número 12 en la candidatura con la que Bugallo volvió a la alcaldía en el 2019. Apenas estará cuatro meses en la corporación, al menos en este mandato.
Traslado a Amio
Las concejalías de Parques e Xardíns y Medio Rural tendrán su destino definitivo en el recinto ferial de Amio. Así se contemplaba ya cuando se adjudicó el contrato de alquiler. Pero esas instalaciones precisan una adaptación cifrada en 397.078 euros que el Concello todavía no ha afrontado. Según refería el alcalde el lunes, y reafirmaba el gobierno en el comunicado con que respondía a las denuncias de CA ese mismo día, se licitarán próximamente.
Bugallo se enfrenta a su segunda crisis de gobierno en dos meses al dimitir otro concejal
El edil estuvo vinculado a una empresa a la que el Concello alquiló un inmueble
r. martínez
La contratación de un alquiler para alojar provisionalmente las dependencias de dos concejalías del Ayuntamiento de Santiago, ante el derribo de la vieja estación de autobuses que las albergaba, ha terminado provocando la dimisión del edil de Medio Rural, José Manuel Pichel, y la segunda crisis de gobierno a la que se enfrenta el alcalde compostelano, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, en dos meses y con las municipales a la vuelta de la esquina.
En noviembre, el entonces edil de Obras, Javier Fernández, dejaba el gobierno —no la corporación— al rechazar el cambio de atribuciones en sus funciones decidido por el alcalde. Y ayer dimitía José Manuel Pichel, responsable de una de las concejalías realojadas, junto con la de Parques e Xardíns. Lo hacía después de que Compostela Aberta (CA) abriese la semana denunciando que ese alquiler se había formalizado con una empresa, Desproi Promociones S.L., vinculada a Pichel y a otros cargos del PSOE; y también de UGT, según añadiría el PP al día siguiente.
Ambas formaciones exponían que Pichel había sido administrador solidario de Desproi entre el 2012 y el 2016 y que al menos hasta el 2019 figuró como administrador único de Gaia, sociedad con acciones en Desproi.
Autorizado inicialmente en septiembre del 2021 para cuatro meses prorrogables —mientras no se adaptaba el inmueble para su ubicación definitiva—, el contrato acabó firmándose por un año prorrogable, por 4.985 euros al mes, incluido el IVA. Y sigue activo, con un coste para el Concello que la oposición aproxima a los 90.000 euros. El interventor municipal acabaría indicando que el contrato resultaba nulo al suscribirse por más plazo del autorizado en junta de gobierno.
El ejecutivo local acabó justificando la contratación por la urgencia que exigía el realojo de ambos servicios y porque ese inmueble, entre otros que se vieron, no precisaba ninguna adaptación. Pero no convenció a la oposición y, tras indicar que desconocía esa vinculación, el alcalde acabó pidiendo un informe al secretario municipal, al que Pichel remitió toda la documentación referida a Gaia, la empresa de la que es administrador único y que permanece inactiva desde que accedió al cargo de edil.
Ese informe, según refirió Pichel al dar cuenta ayer de su dimisión y renuncia al acta, dice que no había circunstancias que impidiesen contratar con Desproi y que tampoco había una situación de incompatibilidad del concejal, aunque recogía que sí puede considerarse la existencia de un conflicto de intereses aparente. El ya exconcejal, que participó en la junta de gobierno que decidió esa contratación, admite que cometió un error «considerable» al no haberle comunicado ni al alcalde ni al resto del gobierno que había tenido «unha relación accionarial», que ya no es tal desde septiembre del 2021, con la firma propietaria del inmueble.
Pichel afirma que la decisión de dimitir es estrictamente personal: «Tómoa por responsabilidade cun proxecto que non creo que deba quedar empantanado por unha acción individual que a clase política decidiu aproveitar como pedrada a un goberno solvente, con ideas e ilusión».
El alcalde, que opta a la reelección en mayo, decía ayer desde Fitur que Pichel había tomado la decisión correcta: «Toma a decisión que corresponde, a correcta, era un erro importante e, por tanto, era necesario asumir a responsabilidade». Pero la oposición sostiene que esta dimisión no aclara todas las dudas que les suscita ese contrato y exigen más explicaciones a Sánchez Bugallo.