Los inquilinos del número 15 de la Rúa do Vilar están habituados a lidiar con el Concello para ejecutar obras en la fachada del edificio protegido que habitan. Al menos en cinco ocasiones en lo que va de siglo han tenido que reparar el balcón, dañado por camiones de reparto de grandes dimensiones que circulaban por la calle. Cumplir con los protocolos a los que están sujetas las obras en un inmueble histórico no supone grandes inconvenientes para ellos, bien provistos de probadas dosis de paciencia. Por eso mismo, cumplir con la normativa urbanística en vigor tampoco debiera plantear problema alguno a los gestores de negocios que reforman locales en el casco histórico para su reapertura. Aunque, a la vista de los casos más recientes en los que el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a órdenes de cierre, el respeto a las normas que rigen para todos no siempre debe darse por descontado. Y las denuncias de los vecinos de esos inmuebles son la mejor evidencia de la necesidad de inspecciones, con la periodicidad que sea necesaria y para todos por igual. Porque el rigor a la hora de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas es la mejor garantía que se le puede dar a un residente de la zona monumental de que los requisitos que se le exigen para cambiar un ventanal son coherentes con la disciplina que Raxoi aplica para controlar las reformas en el bar de abajo. Cabe pedir, eso sí, diligencia en la resolución de los expedientes. Por aquello de que la justicia es menos justa cuando es más lenta. Y porque, incluso con todos los adelantos digitales, el movimiento se demuestra andando.