La operación Caballo de Troya investigada desde Santiago se cierra con penas de cárcel bajas y multas de 225.000 euros
SANTIAGO CIUDAD
Los hijos del leonés Martínez Núñez y el liquidador de empresas Ángel de Cabo se declaran culpables de insolvencia punible y favorecimiento de acreedores
20 nov 2022 . Actualizado a las 19:14 h.En febrero del 2013 una operación de tan rimbombante nombre como Caballo de Troya acaparó los titulares de los periódicos y embraveció mares de tinta. No fue para menos, su instructor era José Antonio Vázquez Taín, el juez estrella del momento tras su exitoso esclarecimiento del robo del Códice Calixtino, y entre los quince detenidos en Galicia, Ponferrada, Madrid y Valencia figuraban los dos hijos del empresario leonés José Martínez Núñez —fallecido en el 2015—, José Luis y María Isabel Martínez Parra, y el valenciano Ángel de Cabo, apodado el Liquidador porque se especializó en comprar sociedades en crisis a precio de saldo para hacer negocio vaciándolas de todos los activos que aún conservaban dejando sin nada a los deudores cuando se presentase el concurso de acreedores. También adornaba la lista de arrestos Alfredo Cuevas, hijo de José María Cuevas, que fue presidente de la patronal española, la CEOE, y los pinchazos telefónicos revelaban conexiones con los mediáticos casos de Gürtel y Crucero —la venta de Marsans—. Todo un bombazo que, como tantas veces ocurre con los delitos económicos, ha acabado en simple petardo.
El epitafio de la Caballo de Troya está muy lejos del estruendo inicial. La década que ha tardado el caso en resolverse ha disipado los focos que la operación tuvo en sus orígenes y la sentencia que le pone fin tampoco está a la altura de las expectativas generadas. De hecho, se ha pasado de un juicio con una duración prevista de dos meses a un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas por el que se condena a nueve de los trece acusados y se absuelve a cuatro de ellos. Las penas de prisión son bajas y el total de las multas impuestas se queda en 225.150 euros.
Entre los condenados están los cabecillas de la trama: José Luis Martínez Parra, su hermana María Isabel y Ángel de Cabo. Los tres han aceptado declararse culpables de un delito continuado de insolvencia punible por el que acatan una pena de un año y nueve meses de prisión y multas de 3.600 euros cada uno. José Luis Martínez Parra y De Cabo también asumen ser responsables de un delito de favorecimiento de acreedores después de la quiebra por el que se les condena a seis meses de prisión y otros 3.600 euros de sanción. En lo reducido del castigo ha tenido mucho que ver el elevado tiempo que ha transcurrido desde que se inició la investigación, ya que a todos se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas en su grado máximo.
Por el delito continuado de insolvencia punible, la sección de la Audiencia Provincial con sede en Santiago también ha condenado a trece empresas del entramado societario de los acusados al pago de multas de 10.950 euros cada una. Son Tecnología de la Construcción (Teconsa), Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, Residencias Geriátricas de Covadonga 1.000 —actualmente, Servicios de Inversiones del Noroeste 5.000—, Estudios Financieros Serrano (Esfise), Compostelana de Alojamientos y Servicios, Inversiones del Noroeste (Inorsa), Promotora de Alojamientos Lucenses, Servicios de Alojamientos Lucenses, Promociones de Alojamientos Orensanos, Inversiones de Bienes y Servicios Insulares, Aszendia Asociados 21, Renovación de Inversiones, AZ Procedimental —actualmente Activos y Pasivos de Levante— y Suao Servicios y Gestiones.
Por el delito continuado de favorecimiento de acreedores los otros seis condenados aceptan multas de 1.800 euros cada uno, que son de 5.400 en el caso de las diez sociedades también implicadas, entre las que figuran Transportes La Estrella, Canteras Industriales del Bierzo (Catisa), Renovación de Inversiones, Inorsa, Esfise, Residencias Geriátricas Covadonga, Suao Servicios, Aszenda Asociados, AZ Procedimental y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga.
Además, se declara la nulidad de cinco escrituras notariales con las que los condenados pudieron llevar a cabo entre el 2009 y el 2012 las operaciones con las que ocultaron su participación formal en las empresas del grupo pero manteniendo el control material de ellas evitando que la crisis económica que se había desatado en el 2008 les hiciese perder todo su patrimonio.
Un iceberg cuya punta fue la venta por solo dos euros del Gran Hotel de Santiago
La operación Caballo de Troya fue un enorme iceberg escondido bajo aguas oscuras pero al que delató su punta, una más que sospechosa operación por la que se vendió por solo dos euros el Gran Hotel de Santiago, situado en la avenida Mestre Mateo y que hoy ya nada tiene que ver con esta trama desde que en el 2016 lo adquirió Eurostars, del Grupo Hotusa. Las alarmas saltaron en la Agencia Tributaria y se comprobó que el grupo Martínez Núñez también le había vendido a Ángel de Cabo por ese ridículo precio los hoteles que explotaba en Lugo y Ourense.
La venta del hotel compostelano permitió que el caso se investigase desde Santiago. El cerco se comenzó a estrechar sobre los hijos de Martínez Núñez y De Cabo hasta que a principios de febrero del 2013 la unidad de la Policía Nacional contra la delincuencia económica, la UDEF, cerró un operativo que solo se puede entender en el marco de la profunda crisis económica que se desató en el 2008 y que hizo tambalearse al otrora pujante grupo empresarial leonés.
Los hechos probados que han asumido los condenados señalan que, para enriquecerse ilícitamente, los hermanos Martínez Parra pusieron en marcha un sistema para detraer bienes y activos de sus sociedades, en situación de previsible insolvencia, aparentando deudas «que ni eran reales ni eran realmente de terceros, pues dichos supuestos acreedores eran personas que actuaban en connivencia con ellos, desvinculándose a la vez de sus empresas para generar una apariencia de ajenidad con respecto a dichas deudas».
La investigación, aunque lenta, logró demostrar que entre mayo del 2009 y el 2012, los hijos de José Martínez Núñez «desarrollaron un importante volumen de actividades financieras para modificar la estructura formal de sus sociedades y, con ello, su participación en el accionariado, llegando a aumentar ficticiamente el pasivo a su favor y apropiándose así del activo patrimonial, generando operaciones económicas ficticias que incrementaban el número de acreedores y el importe supuesto de las deudas de las empresas del grupo». Todo ha quedado acreditado con gran detalle en una sentencia que, por poco dura —inicialmente les pedían entre cuatro y doce años de cárcel—, no supone para los condenados ni una pizca del desvelo que les ocasionó su detención e ingreso en prisión preventiva.