El exedil de Santiago Albino Vázquez acusa al PSdeG de discriminarlo por no pagar su defensa en la Pokémon
SANTIAGO CIUDAD
El archivo de la causa en la que estuvo investigado se produjo hace dos años y él sigue esperando
25 abr 2022 . Actualizado a las 18:47 h.Hace dos años, Albino Vázquez Aldrey, exconcejal de Tráfico e Seguridade Cidadá durante el último mandato del PP en el Concello de Santiago, pudo despertarse de la pesadilla que le supuso la operación Pokémon. En aquella investigación fue detenido y esposado y solo quedó en libertad tras el pago de una fianza de 15.000 euros. Tras siete años de instrucción de la controvertida jueza Pilar de Lara, la causa fue archivada porque ni había pruebas ni nunca se concretaron los presuntos delitos investigados, por no hablar de las graves vulneraciones del derecho de defensa que sufrieron todos los implicados. Por algo la magistrada acabó expedientada y suspendida de empleo y sueldo durante siete meses.
Con el sobreseimiento de la causa, Albino Vázquez quiso ejercer el derecho que tiene a que el Concello pague su defensa jurídica, ya que fue investigado por asuntos relacionados con su labor como concejal. Puso en marcha el proceso, pero asegura que el gobierno local, del PSdeG, le está tratando de modo «discriminatorio».
La razón por la que se siente discriminado es que le exigen cuestiones, como el desglose de tareas referenciado a criterios colegiales, que él sostiene que no tiene obligación de presentar porque, en función del criterio del Tribunal Supremo, «solo cabe acudir a los criterios colegiales en defecto de precio cierto pactado y en este caso se han presentado tanto minutas letradas como hoja de encargo y venia, donde figura un precio cierto pactado», señala en un escrito que ha remitido a la concejala de Economía e Facenda, Marta Abal.
El que fue concejal cuando Gerardo Conde Roa fue alcalde de Santiago tiene la sensación que la documentación que le solicitan tiene como único objeto retrasar el pago al que tiene derecho y advierte que tiene constancia de que «a otras personas le han sido pagadas reclamaciones similares», mientras la suya sigue pendiente dos años después de que la causa de la Pokémon en la que estuvo imputado fuera sobreseída «lo cual determina claramente que los intervinientes en el presente expediente pudieran estar actuando en contra de la ley administrativa e incluso penal», por lo que ha solicitado la identificación de todos los funcionarios y cargos políticos que han intervenido en este asunto porque se está planteando emprender acciones legales contra ellos.
Pese a considerar que el Concello no tiene derecho a reclamar ningún desglose de tareas, en el escrito que ha remitido a la edila de Economía e Facenda Vázquez Aldrey así lo ha hecho, advirtiendo además que se ha minutado por debajo del precio pactado. En total, lo que el exconcejal del PP reclama son aproximadamente 30.000 euros que corresponden al trabajo de dos abogados diferentes en una causa que fue de gran complejidad, con un sumario que superaba los 81.000 folios, que tuvo graves consecuencias para el implicado y que además tuvo una enorme repercusión mediática.