Colapso en el juzgado de Familia de Santiago, que asume el doble de casos del recomendado
SANTIAGO CIUDAD
El sindicato CSIF exige a Xustiza que mantenga los dos funcionarios de apoyo
22 mar 2022 . Actualizado a las 18:09 h.Alrededor de la mitad de las parejas se separan o divorcian, por lo que el contacto más probable que va a tener un ciudadano con la siempre temida Justicia es a través de un juzgado de familia para determinar la custodia de sus hijos, las pensiones de manutención, el régimen de visitas y, en general, los términos de la ruptura. De ahí la importancia del buen funcionamiento de estos órganos y también la preocupación que supone que el de Santiago esté absolutamente colapsado porque asume el doble de casos del recomendado por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una circunstancia que está generando importantes retrasos incluso a la hora de admitir a trámite las demandas, el primer paso del proceso.
La situación ha hecho que el sindicato CSIF se haya decidido a reclamar ante Xustiza que se mantengan los dos funcionarios de apoyo con que cuenta el juzgado, aunque uno de ellos no está trabajando por encontrarse en situación de incapacidad temporal desde enero «sin que, una vez más, la dirección xeral haya cubierto su vacante», se lamenta Áurea Fernández Basanta, responsable de Justicia de esta central sindical en Galicia.
Las recomendaciones del CGPJ estipulan en 1.200 los casos que puede asumir al año un juzgado de primera instancia y en 1.323 uno exclusivo de familia. El de Santiago es de los primeros ya que, aunque es el que lleva todos los asuntos de familia, no está especializado y también tiene que hacerse cargo de otros casos de diferente naturaleza.
Sin embargo, aún tomando esos 1.323 casos anuales como límite máximo recomendado, el juzgado de Santiago los supera con creces. No es un problema que haya surgido en este momento, viene de muy atrás. Este órgano tan importante por su enorme impacto social asumió 1.915 casos en el 2019 y, aunque bajó a 1.704 en el 2020 remontó el año pasado hasta los 2.324, una cifra a la que, advierte la representante del CSIF, «todavía tendríamos que añadirle los más de 900 procedimientos que la nueva ley 8/21 [por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica] obliga a revisar, en los cuales hay que proceder en muchas ocasiones a una nueva exploración del presunto incapaz».
El colapso del juzgado compostelano que atiende los asuntos de familia es únicamente achacable a que asume más carga de trabajo de la recomendada, ya que sus ratios de eficacia están por encima de la media, como reseñó la inspección técnica del CGPJ, que reflejó en su informe que «la actividad resolutoria y el rendimiento del magistrado titular (...) ha superado el indicador técnico en todo el período analizado, llegando en algunas ocasiones a duplicarlo». Pese a este «alto nivel de dedicación», ha sido imposible absorber la entrada de asuntos producida en los últimos años, de ahí la necesidad, recuerda CSIF, «de mantener y nombrar personal de refuerzo con más diligencia y experiencia, algo que no ha sido observado» por la Xunta.