Sin embargo, aún tomando esos 1.323 casos anuales como límite máximo recomendado, el juzgado de Santiago los supera con creces. No es un problema que haya surgido en este momento, viene de muy atrás. Este órgano tan importante por su enorme impacto social asumió 1.915 casos en el 2019 y, aunque bajó a 1.704 en el 2020 remontó el año pasado hasta los 2.324, una cifra a la que, advierte la representante del CSIF, «todavía tendríamos que añadirle los más de 900 procedimientos que la nueva ley 8/21 [por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica] obliga a revisar, en los cuales hay que proceder en muchas ocasiones a una nueva exploración del presunto incapaz».
El colapso del juzgado compostelano que atiende los asuntos de familia es únicamente achacable a que asume más carga de trabajo de la recomendada, ya que sus ratios de eficacia están por encima de la media, como reseñó la inspección técnica del CGPJ, que reflejó en su informe que «la actividad resolutoria y el rendimiento del magistrado titular (...) ha superado el indicador técnico en todo el período analizado, llegando en algunas ocasiones a duplicarlo». Pese a este «alto nivel de dedicación», ha sido imposible absorber la entrada de asuntos producida en los últimos años, de ahí la necesidad, recuerda CSIF, «de mantener y nombrar personal de refuerzo con más diligencia y experiencia, algo que no ha sido observado» por la Xunta.
