El Concello de Santiago recuperará la gestión del cobro del agua con la nueva concesión
SANTIAGO CIUDAD
La oposición reclama de nuevo el estudio de más modelos para el servicio
25 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El debate sobre el nuevo modelo de gestión del agua volvió al pleno. En esta ocasión, en una sesión extraordinaria con tema único y convocada a petición de los tres grupos de la oposición, que quisieron hacer valer ese entendimiento para exigir al gobierno, por encima de «cuestións ideolóxicas», que se apreste a estudiar otros posibles modelos de gestión y valorar su idoneidad antes de tomar una decisión definitiva. La demanda no es nueva, tampoco lo fueron sus argumentos, aunque sus intervenciones fueron especialmente incisivas al acusar al gobierno de opacidad. «Hai algo que non sabemos e debemos saber» que justifique por qué «este goberno non quere avaliar os posibles modelos» de gestión, se preguntó Xan Duro (CA).
El debate, sin embargo, nada mudará en la hoja de ruta que se ha marcado el gobierno, que insiste en la necesidad de contar con una concesionaria que adelante los cien millones de euros en que se estiman las necesidades del servicio para adaptar instalaciones, renovar la red que ha quedado obsoleta (lo que está detrás de muchas de sus averías) y extender el servicio al rural.
Y se trata de que esa inversión se pueda concentrar, como mucho, en una década, porque hay situaciones y vecinos que no podrían esperar otros 20 o 25 años, el tiempo por el que se prevé sacar la nueva concesión, con un coste de unos 450 millones para ese período. Según el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSOE), ese gasto es inasumible para un municipio cuya inversión general total en el último decenio no superó los 90 millones, por debajo, dijo, de lo que precisa el servicio del agua, y eso sin contar la construcción de la nueva depuradora.
Lo que sí apuntó Bugallo es que habrá cambios «cualitativos» en el control del servicio. Tanto PP, como CA y BNG cuestionaron la falta de control actual del Concello sobre él. Ahora mismo, además, es la propia concesionaria la que emite los recibos del servicio. En adelante, será Raxoi el que gestione el cobro, apuntó el regidor tras justificar, después del pleno, la implantación de ese sistema por las «especiais circunstancias que se daban nos anos noventa».
La oposición al unísono acusó al gobierno de hacer oídos sordos no solo a una demanda de la mayoría de la corporación, sino de numerosos colectivos ciudadanos, y aunque reconoce que la competencia para decidir sobre el nuevo contrato es del gobierno, insiste en que la trascendencia del servicio y el largo período de concesión debe implicarlos en la decisión. Sánchez-Brunete apuntó, sin embargo, que la gestión puede ser competencia del gobierno, pero la elección previa del modelo de gestión lo sería del pleno, lo que podría derivar, dijo, en una impugnación del procedimiento de licitación.
En cualquier caso, entre una «municipalización gravosa e unha externalización opaca», el PP ve la fórmula intermedia de la «colaboración público-privada transparente», dijo Brunete, quien insistió, como Marta Lois (CA) y Goretti Sanmartín (BNG) en reclamar una auditoría sobre un servicio que ha estado en manos de la misma empresa desde 1971. Sanmartín preguntó si el nuevo contrato implicará subidas en el recibo y CA insistió en que se mire para la municipalización de Valladolid, «cun goberno socialista», aunque Mila Castro (PSOE) le replicó que la gestión de ese servicio descansa en 40 subcontratas.
La socialista defendió la transparencia del gobierno, tanto en el traslado de su posición como en la indicación de que los informes que se llevarían a la comisión creada al efecto —la oposición la tilda de paripé— serían de carácter informativo. Castro apuntó que un estudio que se llevó a esa comisión concluía que la concesión «era o máis acaído» y cifró en 4 millones la inversión en el servicio en los ocho años de gobierno del PP y CA. «Cren que a ese ritmo podemos superar as deficiencias do servizo», se preguntó.