Bugallo no quiere recurrir la sentencia que reduce el aforo de la discoteca La Facultad de Santiago
SANTIAGO CIUDAD
El alcalde advierte que está pendiente del informe de la asesoría jurídica municipal, pero que él ve el fallo «bastante razonable»
22 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Un gobierno del Partido Popular cerró la discoteca La Facultad —históricamente conocida como Liberty— y el que le siguió de Compostela Aberta no solo la reabrió sino que permitió un polémico aumento de aforo de 400 a 711 personas que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago acaba de anular por no cumplir con la ley. Ganada esa primera batalla legal, los vecinos de la calle Alfredo Brañas, en la que se encuentra el local, se preguntan cuál será el posicionamiento del Concello ahora que quien lo gobierna es el PSdeG. Si acatan el fallo, los socialistas se pondrían del lado de los residentes afectados por los ruidos y constantes incidentes, pero si lo recurren ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ellos considerarían que el ejecutivo que preside Xosé Sánchez Bugallo se estaría alineando con la empresa que gestiona el establecimiento. El regidor lo tiene bastante claro. De ser por él, no habrá recurso y afirma que la resolución le parece «bastante razonable».
No obstante, Bugallo advierte que aún no tiene «ningunha decisión tomada sobre ese tema» porque está a la espera del informe que debe presentar la asesoría jurídica municipal «pero desde logo a min gustaríame non recorrer esa sentenza», que considera que está «ben motivada», añade.
El asunto es una auténtica patata caliente para el gobierno local del PSdeG, porque no asumir la sentencia supondría un apoyo a la ampliación de aforo que Compostela Aberta concedió a La Facultad, que es uno de los puntos calientes de los desmanes de la movida nocturna compostelana, con constantes quejas por ruidos en la calle de los clientes que entran y salen de la discoteca, así como de conductas incívicas como portales y mobiliario urbano rotos o jóvenes que orinan e incluso defecan en las aceras y las rampas de los garajes.
El abogado Lisardo Núñez Pardo de Vera, que representa a los afectados —las comunidades de propietarios de los números 2, 4 y 6 de Alfredo Brañas y 31 de Montero Ríos—, ya advirtió que los vecinos no entenderían que el Concello recurriese la sentencia y anunció que, de hacerlo, los residentes están incluso dispuestos a emprender acciones legales por la vía penal y a organizar manifestaciones silenciosas cruzando pasos de cebra estratégicos que colapsarían el Ensanche.
Al margen de los excesos que impiden el descanso de los vecinos de Alfredo Brañas, la sentencia del Contencioso-Administrativo deja bien claro que La Facultad ha estado operando irregularmente, porque funciona como una discoteca cuando la licencia que tiene es de sala de fiestas. El asunto es crucial y, de hecho, es el motivo por el que se ha anulado la ampliación del aforo, ya que este tipo de negocios tienen que contar obligatoriamente con un escenario y camerinos, algo que no existe en el local.
Sin estas dos estructuras que son obligatorias en las salas de fiestas, no es posible calcular el aforo de La Facultad, ya que el escenario y los camerinos restarán espacio al establecimiento e incluso, en función de cómo y dónde se ubiquen, podría suponer que la capacidad cayera por debajo de las 400 personas que tenía autorizadas antes de la ampliación ahora anulada.
La arquitecta municipal admitió en el juicio que no inspeccionó el local antes de su informe
Al juez que anuló la ampliación a 711 personas del aforo de La Facultad le llamó poderosamente la atención el hecho de que la arquitecta municipal que informó a favor del polémico incremento de la capacidad de la discoteca «no inspeccionó el local» antes de pronunciarse sobre la cuestión pese a que, añade el magistrado en la sentencia, la cuestión estaba íntimamente relacionada «con la normativa sobre seguridad en caso de incendios y de evacuación de los ocupantes».
De este modo, al juez le parece que, aunque de lo que se trataba era de dirimir si era o no procedente el aumento de aforo, lo lógico habría sido «que se hiciera por los servicios técnicos municipales la correspondiente inspección a fin de examinar, a los efectos de la autorización instada, la realidad del local y si la misma era o no conforme al proyecto y al propio certificado». Por ello, añade la sentencia, esa visita de control «se debió de realizar, dado que se trata de la ampliación del aforo de una sala de fiestas, con la incidencia que el aforo y la ocupación tiene para la seguridad de las personas, máxime cuando en este caso se requería licencia y no llegaba con la comunicación previa, no valiendo con indicar que el informe de la arquitecta municipal era sobre el proyecto, no sobre lo efectivamente ejecutado», argumento que esgrimió la técnica durante la vista oral.
Tanto los vecinos de Alfredo Brañas y Montero Ríos como su representante legal, Lisardo Núñez Pardo de Vera, aseguran que La Facultad no cumple con la normativa sobre seguridad, por lo que consideran que, al margen del aforo, lo que está en duda es si puede o no seguir abierta.