La Fiscalía pide un año de cárcel y el pago de 2,4 millones por la comercialización de un decodificador pirata
SANTIAGO CIUDAD
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha decretado la apertura de juicio oral contra el fundador de la empresa Blusens, José Ramón García, y otros ocho acusados por el caso de la producción y venta de un decodificador de televisión pirata que permitía ver de forma gratuita contenidos de pago de diversas plataformas. La Fiscalía solicita un año de prisión para este conocido empresario compostelano por un delito contra la propiedad intelectual, así como el pago de 3.294 euros de multa.
Esta es la misma pena que el ministerio público solicita para otros cuatro del total de nueve acusados en el caso, mientras que otros cuatro se exponen a penas de nueve meses de prisión, aunque mantiene la misma solicitud de multa que para los otros encausados.
Esa no será la única cantidad que debería abonar José Ramón García, ya que tanto él como el resto de acusados se enfrentan a una petición de responsabilidad civil por parte de la Fiscalía que asciende a 1,2 millones de euros. Una cifra idéntica es la que la acusación pública solicita como multa para las personas jurídicas acusadas en este proceso: Blusens Technology SL, Magna Technology SL, Amazing Store Investiments, Moonoff SL y Tendeus SL. A todas estas sociedades se les reclama también la prohibición de realizar en el futuro y por plazo de cinco años actividades en cuyo ejercicio se hubieran cometido, favorecido o encubierto los delitos indicados.
Las acusaciones particulares, que conforman las empresas perjudicadas por el decodificador pirata, han llegado a un acuerdo con el fundador de Blusens y el resto de acusados y, al haber José Ramón García reconocido los hechos y mostrado su disposición a reparar el daño abonando las cantidades económicas que le demandan, solicitan para él y el resto de encausados penas menores, concretamente de seis meses de prisión y 1.098 euros de multa.
Además, centran su acusación en José Ramón García y otros acusados, pero no prosiguen en sus acciones contra algunos de los otros sí encausados por la Fiscalía y a los que las empresas perjudicadas no ven responsables de los hechos.
El pago de la responsabilidad de 1,2 millones de euros ya se ha realizado. Tras una aportación inicial de 225.000 euros se hicieron 15 pagos trimestrales de 65.000 euros cada uno, que comenzaron antes del 20 de abril del 2020 y que se ha ido abonando conforme a lo acordado.
El hecho de que García González y el resto de encausados, además de admitir haber cometido un delito con la venta del decodificador de televisión, hayan hecho frente a la responsabilidad civil hace que las empresas que conforman la acusación particular le apliquen la atenuante de reparación del daño, de ahí que su petición de pena sea menor que la que reclama la Fiscalía.
Entre las firmas perjudicadas están Egeda, Mediaproducción SL, La Liga de Fútbol Profesional, Lauren Films Video Hogar SA, Multicanal Iberia SL y Telefónica de España SAU. Cada una de ellas recibirá una parte proporcional de la compensación en función del grado de perjuicio que le provocó el dispositivo que puso a la venta el fundador de Blusens.
José Ramón García asegura estar «satisfecho» con el acuerdo «alcanzado hace ya un año» —puntualiza— con las acusaciones particulares y que de esta manera se «zanja» este asunto «de la mejor manera». Además, resalta que el importe fijado en concepto de responsabilidad civil, esos 1,2 millones de euros, «ha sido ya satisfecho en su totalidad» y que se hizo incluso antes del plazo inicialmente pactado.