La empresa que gestiona las multas de tráfico en Santiago se lleva más de 400.000 euros al año

La Voz SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD

XOAN A. SOLER

Con seis o siete personas inicialmente, el Concello podría asumir esa función

16 oct 2021 . Actualizado a las 01:06 h.

La empresa que gestiona el cobro de las multas en Santiago percibe más de 400.000 euros al año por la tramitación de los boletines de sanciones que genera la movilidad rodada en la ciudad. El contrato no le atribuye una cantidad fija, sino un porcentaje (el 26,8 %) sobre todos los cobros realizados en período voluntario de pago. Y eso sitúa sus ingresos por la gestión en Compostela por encima de los 400.000 euros. Aunque el gobierno local no ha precisado el importe de las multas pagadas el pasado año en voluntaria, en el 2016 y 2017 representaron entre el 75 y el 80 % de los ingresos netos municipales que generaron estas.

Si esa relación se traslada a los ingresos del 2020 (algo más de 2,2 millones de euros), lo que se lleva SCI (Servicios de Colaboración Integral), una firma con sede en Bilbao, estaría entre los 443.000 y los 473.000 euros, aunque hay que tener en cuenta que el 2020 no fue un año ordinario. El confinamiento y las restricciones de movilidad posteriores frenaron las sanciones. De hecho, el Concello había hecho una previsión de ingresos más elevada: 2,4 millones, previsión que ha recuperado y aumentado para el 2021, hasta rozar los 2,5 millones.

En cualquier caso, estimando unos ingresos medios de 450.000 euros por esa gestión, SCI se habría llevado el 20 % del total de la recaudación por multas del pasado año. Solo de las de tráfico, porque el contrato municipal incluye la gestión de cualquier otra infracción en materia de seguridad, movilidad, medio ambiente y servicios comunitarios, y aunque los ingresos de estas resulten menores frente a las de tráfico, eso incrementa también el desembolso municipal por esa gestión.

SCI se hizo con el actual contrato en el anterior mandato, a finales del 2018. Renovó la concesión con una oferta económica del 26,8 % tras competir con otras cinco empresas que plantearon entre el 24 y el 29,5 %, aunque el porcentaje de licitación era sensiblemente superior, el 35 %.

Entonces, Santiago se movía en las 34.000 sanciones anuales, pero con los radares de Conxo y Restollal y la próxima puesta en marcha de los multamóviles, el PP sostiene que el 2021 acabará en las 50.000, lo que aumentará ese desembolso, por lo que plantea o bien que se programe una nueva licitación en vez de agotar toda la prórroga del actual contrato (vence pronto y tiene dos años más) que mejore las condiciones para el Concello; que Raxoi concierte esa gestión con la Diputación, que se llevaría el 12 %, menos de la mitad que SCI; o que el propio Ayuntamiento asuma esa gestión con nuevas contrataciones. Su portavoz, Alejandro Sánchez-Brunete, cree que habría margen, dentro del gasto que esa externalización le supone ahora mismo, incluso contando con el coste de los programas informáticos para la gestión. Los actuales son de la empresa, que también tuvo que suministrar 80 terminales portátiles de grabación de denuncias con sus impresoras, según el pliego.

En principio, el Concello precisaría contratar a unas cinco o seis personas para asumir esa gestión. Al menos, con ese personal se resuelve ahora. Además del funcionario vinculado a esa gestión en Raxoi, SCI tiene cinco trabajadores (cuatro de administración y la dirección, con perfil jurídico), con lo que seis sería el mínimo, aunque la diferencia horaria de la jornada funcionarial y la del sector de oficinas requeriría alguno más para resolver el volumen actual.